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Opinión - Transporte Profesional
Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a un veterano transportista asturiano cuyo camión, cargado de leche, lleva dos meses inmovilizado por la Guardia Civil al superar su carga la masa máxima autorizada.
Son muchas las definiciones del concepto de democracia que se han hecho a lo largo de la historia, aunque casi todas coinciden en los mismos pilares básicos: tolerancia, igualdad, libertad, pluralismo y respeto.
La Unión Europea no quiere hacerse cargo de las cuantiosas pérdidas producidas por la “crisis del pepino”, al menos no en la cuantía que le exigen agricultores y transportistas, la segunda parte de la primera parte que sin duda se llevará la peor parte, y disculpen el juego de palabras.
La pelota está en la Carrera San Jerónimo, sede de las Cortes, porque es allí donde se encuentra el proyecto de modificación de la LOTT, discutido hasta la saciedad entre Fomento y el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Estructurar el lector
Los objetivos generales para mejorar nuestra oferta logística y de transporte de mercancías pasan por la innovación, la intermodalidad, la internacionalización, la integración y la mejora de la formación en el sector.
Esta democratización de la información, que ha sido determinante en el estilo de vida de la sociedad del bienestar (ahora algo menos) del siglo XXI, le ha sido vetada al transporte de mercancías por carretera.
Dicen que la información es poder. Quien tiene más y mejor información tiene más probabilidades de sobrevivir, da igual que se trate de una persona, de un país o de una empresa, que es el caso que nos ocupa.
Es una vieja y conocida táctica política, aunque se da en otros órdenes de la vida. Si usted tiene un problema, deshágase de él, quítese el “muerto” de encima antes de que le salpique. Precisamente esto es lo que han hecho en Alemania, con el asunto de los pepinos españoles; ya saben, la famosa bacteria “E.coli” que ha causado varias muertes y centenares de afectados.
Nada menos que a 526.000 millones de euros ascendía la deuda pública española en 2010, un 14% más que en 2009, según datos del Banco de España.
MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ SIERRA
Llama la atención que el jefe de Tráfico de la Guardia Civil de Soria circule a 207 kilómetros por hora en el coche patrulla, en particular cuando sus subordinados han denunciado que les obliga a cumplir un cupo de multas por exceso de velocidad, de las que sospecho que no están exentos los vehículos de transporte de mercancías con sus jugosas sanciones.
Y mientras se abre una nueva vía de agua por donde se escapa a raudales la escasa viabilidad de las empresas de transporte de mercancías por carretera, otros medios de transporte continúan gozando de una política más beneficiosa para sobrellevar la crisis.
De poco, o más bien de nada, está sirviendo que la propia ministra de Economía y Hacienda haya reconocido durante la presentación de las correcciones –a la baja- de las previsiones de crecimiento y de creación de empleo para los próximos dos años, que la única buena noticia es el incremento de las exportaciones, que están mejorando más rápido de lo previsto.
Pues como este Gobierno siga poniendo palos en las ruedas de nuestros camiones, a la economía española no le va a valer de nada esta mejora, porque no va a haber manera humana de colocar nuestros productos en los mercados europeos si no hay empresas de transporte y camiones con los que hacerlo.
El ministro de Fomento estuvo a punto de poner al transporte de mercancías por carretera a los pies de los caballos el pasado verano cuando anunció la puesta en marcha de la temida Euroviñeta, aunque al final retiró la propuesta deprisa y corriendo ante la contundente y unánime reacción del sector, radicalmente contrario a la aplicación de esta medida.
Pero todo parece indicar que alguien se ha quedado con la copla en el ministerio de Economía y Hacienda, y la segunda etapa de ajustes presupuestarios ‘made in’ el Gobierno de Zapatero, que presumiblemente comenzaremos a ver después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, planteará una nueva vuelta de tuerca impositiva que planea recuperar esta medida y que nos va a dejar tiritando y al borde del colapso.
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El compromiso del Ministerio de Fomento en la firma de los acuerdos entre las principales asociaciones de cargadores: AECOC, Aeutransmer y Transprime, y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, parece ir más allá de una mera colaboración en el desarrollo legislativo de determinados aspectos de este pacto.
Hablamos, como ya conocen nuestros lectores, de los plazos de pago y de la aplicación de la cláusula de revisión de los precios del transporte, en función de la variación de los costes del petróleo. Parece que pocos tienen en cuenta que Fomento no estará solo, pues los cambios legislativos precisarán de la implicación de otros departamentos ministeriales para modificar aspectos sustanciales de la Ley de Morosidad y de la Ley de Contrato de Transporte.
Y aquí está precisamente la clave. De poco servirían las negociaciones, los acuerdos, si detrás no está el compromiso, en la figura de la reforma de la ley. Pero aún vamos más lejos: la “segunda clave” reside en la aplicación de la ley por lo que respecta a las sanciones que deban imponerse, a unos y a otros. Que nadie se engañe: detrás de las sanciones siempre deberá estar su instigador, es decir, el denunciante.
A bombo y platillo ha anunciado el ministro José Blanco su Plan de ahorro, eficiencia energética y reducción de emisiones en el transporte y la vivienda, uno más en la estrategia del Gobierno en cuanto al ahorro de energía, de la que nuestro país es tan dependiente.
Los agricultores franceses no se andan con “chiquitas”. Saben, además, que cuentan, de facto, con la pasividad policial. Atacan, pues, a los camiones españoles cargados de productos hortofrutícolas con total impunidad.
La intermodalidad, el futuro
No hay ninguna duda de que el sector del transporte está soportando una crisis dura y de que el tránsito y la salida de ésta es más compleja que en otros sectores.
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