REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Sorprende, cuando menos, que un sujeto que debería ser un ejemplo del cumplimiento de la normativa no sólo ponga en peligro la circulación, sino que además se cebe, de nuevo, con el sector y aplique todo el peso y el rigor de la ley para dar rienda suelta al afán recaudatorio de la Administración. Desde una perspectiva moral, el jefe de Tráfico de Soria no debería imponer sanciones ni obligar a sus subordinados a alcanzar el citado cupo. Se suma éste a los casos en los que se echa en falta que la Administración sea más coherente.
Aunque si hablamos de falta de coherencia, el tema estrella es la morosidad, que tanto daño causa a numerosas empresas. Si el Gobierno acaba de regular la Ley contra la Morosidad, asombra que adeude 35.000 millones de euros a sus proveedores y que se demore una media de 154 días en el pago. Si la Administración, en lugar de poner en marcha planes de rescate e incentivos fi scales, se limitase a pagar lo que adeuda, impediría la ruina de numerosas empresas y, por ende, evitaría que las cifras del desempleo hubieran alcanzado los cinco millones de parados. Y es que no se puede legislar para luego ser el primero en incumplir la norma.
“AUNQUE SI HABLAMOS DE FALTA DE COHERENCIA EL TEMA ESTRELLA ES LA MOROSIDAD, QUE TANTO DAÑO CAUSA A NUMEROSAS EMPRESAS”.
Resulta farisaica asimismo la creación de organismos públicos para investigar a las empresas a modo caza de brujas; véanse dos ejemplos: la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con sanciones cuantiosísimas para recaudar fondos por asuntos en apariencia tan banales como informar a los asociados o reproducir una sintonía durante la celebración de una boda. La primera vuelve a cebarse, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, con organizaciones empresariales del transporte. En este caso ha abierto un expediente a la CETM y a su asociación de Barcelona, Transcalit, por presunta recomendación de tarifas. Ambas patronales se han limitado a cumplir sus funciones como patronales al informar a sus asociados de los instrumentos legales a su alcance en todos los asuntos de su interés, en este caso, en lo relativo a la evolución de los costes.
Aunque podamos dudar de su efectividad, no es de extrañar que el sector se indigne y amenace con parar los camiones, al estilo de los indignados de la Puerta del Sol, los del 15-M, y no sería de extrañar que el sector pidiese ‘democracia real ya’, es decir, un Estado en el que el parlamento legisle y el Gobierno ejecute, y cumpla.