El compromiso del Ministerio de Fomento en la firma de los acuerdos entre las principales asociaciones de cargadores: AECOC, Aeutransmer y Transprime, y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, parece ir más allá de una mera colaboración en el desarrollo legislativo de determinados aspectos de este pacto.

Hablamos, como ya conocen nuestros lectores, de los plazos de pago y de la aplicación de la cláusula de revisión de los precios del transporte, en función de la variación de los costes del petróleo. Parece que pocos tienen en cuenta que Fomento no estará solo, pues los cambios legislativos precisarán de la implicación de otros departamentos ministeriales para modificar aspectos sustanciales de la Ley de Morosidad y de la Ley de Contrato de Transporte.

Y aquí está precisamente la clave. De poco servirían las negociaciones, los acuerdos, si detrás no está el compromiso, en la figura de la reforma de la ley. Pero aún vamos más lejos: la “segunda clave” reside en la aplicación de la ley por lo que respecta a las sanciones que deban imponerse, a unos y a otros. Que nadie se engañe: detrás de las sanciones siempre deberá estar su instigador, es decir, el denunciante.

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