Artículo de opinión de Fernando José Cascales, abogado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, asunto C-439/19, sobre acceso público a los datos relativos a los puntos impuestos a los conductores por infracciones de tráfico. 

Con el auge del comercio electrónico y las ventas online la relación entre el comprador y vendedor es cada vez más lejana e impersonal, lo que provoca que la única referencia directa del comprador sea la empresa de transportes que le entrega el pedido. Esto está suponiendo que ante cualquier eventualidad, ya no solo en la entrega, sino con el producto, el consumidor tenga como única referencia la empresa de transportes y por ello dirija su reclamación contra ella.

Esta famosa frase que se atribuía a los bandoleros que asaltaban los caminos de Sierra Morena que unían la meseta con Andalucía, define perfectamente la posición del Gobierno en cuanto al plan de peajes en las carreteras de nuestro país, y especialmente en lo que al sector del transporte se refiere, pues el gravamen para los vehículos pesados se prevé que sea mucho más alto, amenazando la existencia de varias empresas de transporte, incluso de otros sectores de la economía que verán incrementados los costes de sus productos.

Creo que me quedo corto al referirme a la práctica que la Administración viene llevando a cabo desde hace tiempo con los requerimientos de inspección que se notifican de forma electrónica pues, aunque el interesado no haya tenido acceso o conocimiento de ellos, se le imputa una infracción muy grave por negativa u obstrucción a la labor inspectora, con 4.001 euros de sanción por cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación.