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Martes, 22 Abril 2025
    Opinión - Transporte Profesional

    Dice el refrán que “febrero el revoltoso, no pasó de veintiocho”, y todo apunta a que es un mes intenso para el transporte.

    A lo largo de los últimos 25 años, el sector de transportes de mercancías por carretera ha experimentado una serie de cambios relevantes pero algunos problemas persisten en el tiempo sin encontrar, de momento, una solución.

    Ha sido uno de los elementos principales en la negociación entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el más importante, junto con la prohibición de realizar las labores de carga y descarga por los conductores, en la veintena de compromisos adquiridos por el Gobierno con el sector para que se desconvocara el paro patronal.

    Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que regula las ayudas para la transformación de flotas de transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, las cuales se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que define un estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, de la que a su vez depende el Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de mercancías por carretera, al que parece que el Gobierno ha fiado la negociación con el sector tras la convocatoria de paro patronal. Lo cierto es que uno ya se pierde con tanto plan y se desespera con tan pocas soluciones, como decía el refrán, “mucha paja y poco grano”.

    Mucho revuelo se está generando con la aplicación por parte de los servicios de inspección de un nuevo criterio sobre el uso del certificado de actividades. Dicho criterio, que al parecer ha emitido la propia Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del MITMA, no está exento de polémica y, menos aún, de misterio.

    Artículo de opinión de Fernando José Cascales, abogado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, asunto C-439/19, sobre acceso público a los datos relativos a los puntos impuestos a los conductores por infracciones de tráfico. 

    Con el auge del comercio electrónico y las ventas online la relación entre el comprador y vendedor es cada vez más lejana e impersonal, lo que provoca que la única referencia directa del comprador sea la empresa de transportes que le entrega el pedido. Esto está suponiendo que ante cualquier eventualidad, ya no solo en la entrega, sino con el producto, el consumidor tenga como única referencia la empresa de transportes y por ello dirija su reclamación contra ella.

    Esta famosa frase que se atribuía a los bandoleros que asaltaban los caminos de Sierra Morena que unían la meseta con Andalucía, define perfectamente la posición del Gobierno en cuanto al plan de peajes en las carreteras de nuestro país, y especialmente en lo que al sector del transporte se refiere, pues el gravamen para los vehículos pesados se prevé que sea mucho más alto, amenazando la existencia de varias empresas de transporte, incluso de otros sectores de la economía que verán incrementados los costes de sus productos.

    Creo que me quedo corto al referirme a la práctica que la Administración viene llevando a cabo desde hace tiempo con los requerimientos de inspección que se notifican de forma electrónica pues, aunque el interesado no haya tenido acceso o conocimiento de ellos, se le imputa una infracción muy grave por negativa u obstrucción a la labor inspectora, con 4.001 euros de sanción por cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación.

    Continuamos con el artículo de opinión escrito por José María Quijano, secretario general de la CETM, donde explica con argumentos las consecuencias que tendrá para el transporte de mercancías por carretera la introducción en España del concepto "quien usa, paga" en las autovías públicas.

    El secretario general de la CETM, José María Quijano, hace un estudio pormenorizado de los costes que soporta el transporte de mercancías por carretera, para mostrar el impacto que tendrían las medidas que pretende implantar el Gobierno español sobre la financiación de las autovías o la fiscalidad del combustible.

    Manuel Pérezcarro, secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de la Región de Murcia (FROET) analiza en este artículo de opinión la posición del transporte de mercancías por carretera sobre la posibilidad que abre el Gobierno de cobrar a todos los vehículos por el uso de autovías públicas, como se hace ya en la mayoría de los países europeos.

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