La Unión Internacional de la Carretera (IRU) pide que los vehículos comerciales queden exentos de los sistemas de regulación del acceso de vehículos urbanos existentes y propuestos. Más de 2.000 ciudades de todo el mundo, con más de mil millones de habitantes, ya han aplicado o están considerando las restricciones de acceso.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que los vehículos pesados dispondrán de una rebaja de un 20% sobre las tarifas actuales en el peaje de la AP-9, lo que se aplicará tanto al viaje de ida como al de vuelta y sin ningún requisito de número de viajes, recurrencia o dispositivos a bordo.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho llegar un proyecto de Real Decreto al sector del transporte, haciéndoles saber que ha tenido en cuenta la reivindicación sectorial que provoca la injusticia de eliminar el requisito de antigüedad de la flota para acceder al sector y, al mismo tiempo, mantener la obligación de adquirir un vehículo nuevo o de pocos meses a la hora de renovar flota.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa contra la sentencia del Tribunal Supremo que, confirmando la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declaraba nulos los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 en determinados tramos de las carreteras N-1 y A-15.
Tras un mes manteniendo su posición de que no va a cambiar sus planes pese al fallo judicial, la Diputación de Guipúzcoa terminado dando su “brazo a torcer” en admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018, tanto en la N-1 como en la A-15, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo la norma que lo regula, tras el Auto del Tribunal Supremo de inadmisión del recurso de casación notificado a las partes el pasado mes de mayo.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) avanza en la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte. Lo hace con la publicación en su página web del anteproyecto de ley que lo pondrá en marcha, en el marco del trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en virtud del cual cualquier ciudadano afectado podrá hacer las observaciones que considere oportunas al texto publicado en el plazo de 15 días hábiles.
En pleno debate en el país sobre la propuesta del Gobierno de implantar peajes en todas las autovías españolas, y que cuenta con el rechazo inicial de las asociaciones del transporte, una nueva Administración territorial se apunta a la iniciativa de poner peajes a los camiones en su red viaria para obligar a los transportistas a utilizar la autopistas de peaje y recaudar a su costa para el mantenimiento y mejora de su red viaria.
El sindicato FS-USO pretende “el reconocimiento del personal de ambulancias como personal exclusivamente sanitario, y no transportistas. Consideramos que la formación exigida y la legislación al respecto respaldan nuestra petición, y se eliminaría así una larga marginación hacia este personal”, explica Gustavo Peña, secretario de Organización de la Federación de Servicios de USO.
El 9 de junio se ha alcanzado el pacto en el Congreso de los Diputados entre los diferentes grupos parlamentarios por el que introducen una enmienda transaccional al texto del proyecto de ley presentado en su día por el Gobierno, que ha rebajado de forma sustancial el importe de las multas recogidas en el proyecto de ley de establecimiento de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el transporte por carretera, que fue remitido en su día por el Gobierno a las Cortes Generales sobre la base del texto consensuado con las asociaciones del transporte por carretera.
Desde el 1 de junio está en vigor la nueva revisión del Manual de Procedimiento de ITV, la versión 7.5.0, que incluye aquellos cambios reglamentarios necesarios para adecuar la inspección técnica de vehículos a las nuevas tecnologías y se especifican de una manera más clara y precisa algunos procesos de revisión para los operadores de ITV.
La Diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa, donde explicó que la Diputación está elaborando la nueva Norma Foral que regulará el peaje en las carreteras N-I y A-15 y que el peaje de esta tercera Norma Foral será mucho más amplio.
Creo que me quedo corto al referirme a la práctica que la Administración viene llevando a cabo desde hace tiempo con los requerimientos de inspección que se notifican de forma electrónica pues, aunque el interesado no haya tenido acceso o conocimiento de ellos, se le imputa una infracción muy grave por negativa u obstrucción a la labor inspectora, con 4.001 euros de sanción por cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación.
Después de que el Tribunal Supremo haya revocado de manera definitiva los peajes a camiones en la N-1 y la A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa no va a afrontar este nuevo revés judicial y, lejos de eliminar la medida, ha anunciado que extenderá los peajes en todo el recorrido de dichas vías.
Una de las asignaturas pendientes en el ámbito económico en España es la necesidad de aprobar un régimen sancionador que castigue los incumplimientos en materia de plazos de pago que se producen en el ámbito comercial, sobre todo por parte de las grandes empresas que imponen condiciones abusivas a sus proveedores, basando su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.
En respuesta al Auto del Tribunal Supremo que desestima su recurso de casación confirmando la ilegalidad de los peajes a camiones en la N-1 y la A-15, la Diputación de Guipúzcoa plantea una nueva artimaña judicial a través de un incidente de nulidad, que podría ser inadmitida a trámite.
El Tribunal Supremo, en un Auto de fecha 6 de mayo, y que ha sido notificado a las partes recurrentes, ha resuelto inadmitir los recursos de casación interpuestos por la Diputación Foral de Guipúzcoa y las Juntas Generales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró ilegal por dos veces la norma que establece el cobro de un peaje a los camiones que cada día transitan por la N-1 y la A-15, y que han seguido aplicando bajo la excusa de que dicha decisión no era firme hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal.
El pasado día 11 entraron en vigor los nuevos límites de velocidad en las ciudades españolas, lo que se traducirá en un mayor desgaste de los embragues, operación que, en caso de avería, supone para el bolsillo un gasto de hasta 2.000 euros en función de la marca y modelo, según Euromaster, el especialista en el cuidado y mantenimiento integral del vehículo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la reforma legal que limita a 30 kilómetros/hora la velocidad en calles de un único carril por sentido “sitúa a España a la vanguardia de un movimiento global que, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, quiere que nuestras ciudades sean más humanas, que nuestras calles sean calles de vida y para la vida”.
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