
La Diputación de Guipúzcoa se ve obligada a cambiar la forma de la normativa ante su idea de seguir cobrando a los vehículos pesados. Es lo que demuestra el anuncio realizado por la diputada foral de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, que señala al transporte de mercancías por carretera como responsable de esta nueva alternativa.
En lugar de admitir la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo, que ha dado la razón al sector del transporte por carretera al considerar los peajes "injustos y discriminatorios". De hecho, Oiarbide ha asegurado que se va a analizar “uno por uno los casos de reclamación de los trasportistas”.
Choque de intereses
Ante esto, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) pide a la Diputación de Guipúzcoa que acate las decisiones judiciales y deje de perseguir a un sector que es vital para el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto.
La principal patronal del transporte de mercancías ya trabaja de forma enérgica en un sistema que facilite a sus empresas asociadas la reclamación de los importes abonados hasta el momento, así como los intereses de demora, y advierte que no permanecerá impasible ante la nueva norma que prepara la Diputación y "emprenderá las acciones necesarias para dar fin a esta obcecación".