El Boletín Oficial del Estado del 2 de marzo ha publicado la reforma del Código Penal que endurece las penas por imprudencias al volante, al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Además, se sanciona el abandono del lugar del accidente.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la iguadad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La norma obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a elaborar y aplicar un plan de iguadad, además de ampliar y modificar el contenido y alcance del Plan de Igualdad y establece la creación de un Registro de Planes de Igualdad en la que las empresas tendrán que registrar su plan particular.

En el último Consejo de Ministros, del 1 de marzo, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 5/2019 por el que se adoptan medidas de contingencia en diversos sectores en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo. En el ámbito del transporte terrestre, se posibilita la actividad de las empresas transportistas entre España y el Reino Unido, siempre que haya reciprocidad entre ambos países.

El Gobierno socialista tiene previsto completar la reforma de la estiba antes de que concluya la actual legislatura. La comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de Ley del grupo socialista en la que se insta al Ejecutivo a completar el proceso, utilizando todos los elementos jurídicos a su alcance y con el máximo consenso entre patronal y sindicatos.

Todos los transportistas que estén inscritos, o lo hayan estado en 2018, en el Censo de Beneficiarios de Gasóleo Profesional, deberán justificar por cada uno de los vehículos censados de su titularidad, el número de kilómetros recorridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de dicho año. El plazo de presentación termina el 31 de marzo.

El despacho CCS Abogados, contratado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha comenzado a presentar las primeras demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones. En total, son unas 7.300 reclamaciones de 4.500 transportistas que implican a más de 34.000 vehículos. La presentación de demandas se está haciendo de manera uniforme en todas las comunidades autónomas.

Hoy entra en vigor la modificación del artículo 48 del Reglamento General de Circulación sobre los límites de velocidad en carreteras convencionales, que establece como velocidad genérica máxima los 90 kilómetros por hora. En cuanto a tractocamiones, camiones, furgones y furgonetas, la velocidad se queda en 80 kilómetros por hora.

La modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que regulará múltiples aspectos relacionados con el sector del transporte por carretera (mercancías y viajeros) tiene prevista su aprobación el próximo mes de febrero, según adelantó la directora general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Mercedes Gómez.

La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares. Entre otras, la norma incluye la prohibición de que puedan circular por las Islas Baleares, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan de forma legal en el resto de España y de la Unión Euorpea. Y, a partir de 2035, se ampliará la prohibición a furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales).

Para hacer transporte con el Reino Unido, las empresas deberán cambiar el procedimiento actual: hasta ahora, no era necesario pedir ninguna autorización, al estar dentro del Espacio Europeo. Sin embargo, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo 29 de marzo, obligará a hacer más papeleo, como pedir autorizaciones del contingente multilateral CEMT.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado ha aprobado una moción parlamentaria, promovida por Esquerra Republicana de Cataluña, para la mejora laboral y social del colectivo de transportistas de mercancías por carretera. Algunas de las medidas planteadas están recogidas en la tabla reivindicativa planteada por las asociaciones nacionales de transporte al Gobierno para su próxima negociación.

El pasado mes de mayo se publicó la Directiva europea 2018/645, que modificaba cuestiones relativas a la formación obligatoria de los conductores profesionales (que necesitan la formación CAP) y clarificaba las edades mínimas para obtener el permiso de conducir camiones y autobuses, ante la discordancia que hay entre los distintos países sobre la edad mínima establecida que se requiere para conducir este tipo de vehículos.

El Senado ha aprobado, sin ningún voto en contra, la moción parlamentaria promovida en septiembre por Esquerra Republicana de Cataluña en la que insta al Gobierno a aumentar los descuentos establecidos por los desvíos obligatorios a camiones en las autopistas de peaje de Cataluña.

Una reciente sentencia da la razón a un socio que trabajaba para una cooperativa y ha reconocido una relación laboral. Varios abogados interpretan las consecuencias que puede tener para el transporte español.

El Tribunal Supremo acaba de hacer pública la primera sentencia relacionada con las reclamaciones a la Seguridad Social por la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los conductores profesionales, en el que el Alto Tribunal quita la razón al transporte.

Con indudable interés para el sector del transporte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de tener la oportunidad de analizar, desde un punto de vista jurídico-laboral, el funcionamiento y la actividad de una cooperativa de trabajo asociado del transporte de mercancías por carretera, lo que ha dado como fruto su sentencia de 18 de mayo de 2018.

La redacción de la nueva regulación del mecanismo de devolución del gasóleo profesional en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (Boletín Oficial del Estado, 04/07/2018) y aplicable a partir del 1 de enero de 2019, ha generado preocupación en el transporte por una posible reducción del importe a devolver.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que entra en vigor hoy, con la que pretende restringir el tráfico de vehículos más viejos y, por tanto, más contaminantes. El transporte de mercancías cuenta con alguna excepción, pero también deberá actualizar su flota si quiere entrar a todo el núcleo central de la ciudad.