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La pandemia provocada por el Coronavirus ha trastocado la economía mundial, y ello ha llevado a los organismos públicos a prestar ayudas a las empresas para poder superar esta etapa de casi inactividad o a muy bajo rendimiento. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó una nueva Línea ICO de avales de 40.000 millones de euros para trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Dentro del primer tramo (unos 8.000 millones de euros), 5.000 millones irán a asegurar nuevas inversiones, mientras que los 3.000 restantes se dirigirán a asegurar operaciones para empresas de mayor dimensión.
Un informe europeo sobre el comportamiento de pagos ha puesto en evidencia que el 64% de las pymes asegura mostrar una “pérdida de confianza en la actividad económica” y “un temor a una grave recesión económica”. El informe, que se ha hecho teniendo en cuenta la opinión de empresas de menor dimensión, revela que una de las principales preocupaciones de estas empresas es que la recesión económica tendrá un impacto severo en sus negocios. Son las empresas de transporte y logística las menos preocupadas por la recesión (36%), si se comparan los datos con los de otros sectores, como el sanitario y hospitalario (42%), industrial (41%), comercio minorista (40%) o los servicios bancarios y financieros (40%).
Con este panorama, no es de extrañar que muchas empresas teman caer en índices altos de morosidad, que sus clientes tarden más de la cuenta en pagar o que, simplemente, no paguen. Así, una media del 78% de las pymes participantes en el estudio manifiesta haber aceptado plazos de pago desfavorables, lo que supone un 20% más respecto a 2019. En el caso del transporte, el porcentaje se eleva al 80%.
Convocados paros de transporte
Uno de los asuntos que se incluyó entre las reivindicaciones ante la convocatoria de un paro patronal del transporte fue ampliar al transporte las ayudas que ofrece la Administración (como los avales ICO o ayudas directas), a las que no siempre tiene acceso. En este sentido, a finales del mes de julio, la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo responsable es Pedro Saura, se puso en contacto con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para informar sobre este tema.
Según se recoge en el comunicado remitido al Comité Nacional, su petición para permitir que todos los subsectores del transporte por carretera puedan acogerse a la línea de ayudas ICO Covid-19, el Real Decreto que el Gobierno aprobó el 17 de marzo incluía una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Según se recoge en la comunicación, estas líneas no están limitadas por el sector de actividad. Por tanto, todos los subsectores del transporte por carretera pueden acogerse a los avales ICO, que se pueden solicitar para el pago de cuotas de leasing de los vehículos de la empresa.
Según Transportes, 15.000 empresas del sector se han beneficiado de los avales ICO
De hecho, según datos facilitados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de junio, 15.003 empresas de transporte de mercancías por carretera se habían beneficiado de los avales ICO, realizando 22.348 operaciones y un total de 1.525 millones de euros avalados.
En este sentido, se resalta que, el pasado mes de junio, el Gobierno activó un tramo de avales ICO, incluyendo un tramo específico de 500 millones de euros para financiar la adquisición, el arrendamiento financiero o el operativo de vehículos de uso profesional.
Soluciones al problema de financiación
Así las cosas, Gobierno, empresarios y banca llevan meses trabajando en distintas fórmulas que eviten que las empresas se vean en serios apuros económicos por falta de liquidez a consecuencia de la falta de control de la pandemia, ya convertida en crisis económica. El Gobierno central depende de la decisión de la Comisión Europea para gestionar los fondos destinados a las ayudas a la financiación de las empresas. Para ello, está previsto que sea el ICO el intermediario entre la Administración y la banca que canalice esas ayudas. A su vez, también hará de mediador entre la banca y el cliente (en este caso, el autónomo o empresa de transporte), que será el solicitante de las ayudas.
Se trabaja sobre la idea de que se puedan ampliar los plazos de amortización de los créditos con garantía del Estado (ahora situado en un límite de cinco años) para la primera línea de avales de 100.000 millones de euros y poder extenderlos a ocho años. Así figura en la segunda línea de avales del Estado, valorada en 40.000 millones de euros más y destinada a inversiones. Asimismo, se pretende otorgar periodos de carencia superiores a un año (ahora son de seis meses) a dichos préstamos con garantía del ICO, pasar a dos años, como mínimo. Estas condiciones no figuraban hasta ahora en las cláusulas de las líneas ICO.
Dentro del esquema de la UE, los ICO están dentro del marco de exención de ayudas de Estado
También se estudia dotar al Instituto de Crédito Oficial de un esquema que permita reestructurar sus créditos a las empresas de forma similar a como lo hacen los bancos. No obstante, este esquema necesita el visto bueno de la Comisión Europea, porque los ICO están dentro del marco de exención de ayudas de Estado. La idea es que evitar que las empresas entren en concurso de acreedores por falta de liquidez como consecuencia del desplome de actividad general provocado por la Covid-19, ya que se entiende que muchos de estos pagos serían factibles de no haber sido por la pandemia.
Consecuencias de los créditos ICO
El problema que tiene modificar esta estructura es que, subir el plazo de amortización de un crédito ICO de cinco a ocho años implica aumentar el tipo de interés que pagan las entidades financieras al propio Instituto de Crédito Oficial. El coste se fija según el plazo de amortización y dependiendo de quién lo solicite (pyme o empresa grande). Según el acuerdo marco firmado entre la banca y el ICO para la segunda línea de crédito, y que asciende a 40.000 millones de euros (y donde existe un plazo de hasta ocho años para amortizar el crédito), los bancos pagan al ICO por cada aval destinado a autónomos y pymes. En los casos en que cubre el 80% del crédito, que concedan hasta 188 puntos básicos para un plazo de amortización superior a los siete años, la condición sube a los 285 puntos básicos para las grandes empresas y donde las que las garantías ascienden al 70% de la financiación.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos ha asegurado que el Gobierno español garantizará “que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en un problema de solvencia que pongan en peligro la continuidad de empresas que, a día de hoy, son viables”. Hasta finales del mes de octubre, la banca había registrado en la línea de avales ICO liquidez por un importe total de 79.294 millones de euros, lo que se traduce en una financiación total de 104.356 millones de euros en nuevos préstamos. El número de operaciones era de 844.752 millones de euros, de los que 95% se destinaron a autónomos y pymes. Pero la actual situación económica deja en el aire muchas de estas operaciones.
Las empresas piden usar los créditos cuanto antes
El Gobierno español ha comunicado a la Comisión Europea que, en los próximos tres años, las inversiones ligadas a los fondos del plan de recuperación New Generation UE se limitarán a 70.000 millones de euros de transferencias directas (ayudas a fondo perdido) y que pospondrán el uso de los créditos por otros 70.000 millones al trienio 2023-2026. Sin embargo, la medida no cuenta con el respaldo de la patronal. Según la CEOE, “es importante aprovechar todos los recursos disponibles de fondos europeos, tanto los de fondo perdido como vía créditos. De hecho, ambas ayudas son complementarias y no sustitutivas si ambos recursos se destinan a financiar proyectos empresariales transformadores y capaces de generar recursos”. En su opinión, el sector financiero puede agilizar la instrumentación de las ayudas financieras, como ha hecho con los avales ICO, frente a las rigideces de la Ley de Contratos Públicos o la Ley de Subvenciones.
Medio millón de empresas beneficiadas, según Maroto
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que más de 553.000 empresas se han financiado con los avales del ICO. También ha destacado que la red social facilitada por el Gobierno ha permitido proteger a 3.000.000 de trabajadores y otros 1.500.000 autónomos. La previsión de la Unión Europea (en buena parte, proveedora de esos fondos) es que los planes nacionales estén aprobados para finales de abril de 2021. Será entonces cuando empiecen a facilitarse una primera partida de los fondos del 10%, aunque habrá otras herramientas que estarán operativas antes.
La desconocida Línea ICO Transporte
El pasado mes de junio, el Gobierno español aprobó una línea ICO específica para el sector del transporte, dotada con 500 millones de euros, para financiar líneas de adquisición, leasing o renting de camiones y autobuses, avalada con el 80% por el Estado. En concreto, la línea estaba aportada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para financiar la compra o arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para uso profesional.
Sin embargo, ni en la página web del ICO ni de las entidades bancarias aparece ninguna información concreta de esta línea de crédito, lo que amenaza que no se disponga del presupuesto previsto por desconocimiento de las empresas que operan en el transporte y que tengan intención de renovar algún vehículo de su flota.
Revista Transporte Profesional
Número 415 - Noviembre 2020
Este artículo completo ha sido publicado en la revista Transporte Profesional
Número 415 - Noviembre 2020
