El plazo dado al Gobierno para debatir y dar soluciones tangibles a las medidas adoptadas por la práctica totalidad de las asociaciones integrantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el pasado 22 de noviembre, se agota. El 15 de enero cada vez está más cerca y el encuentro mantenido el 18 de diciembre con el “segundo” del ministro Ábalos, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, confirma la tesis de que “se quiere ganar tiempo”.

Las conversaciones habidas en fechas anteriores a esta reunión, protagonizadas por María José Rallo y Mercedes Gómez, secretaria general de Transportes y directora general de Transporte Terrestre, respectivamente, con miembros de la CETM y del resto del Comité Nacional, no sirvieron para avanzar en las negociaciones con objeto de desbloquear el paro anunciado.

De lo contrario, no se explica que, durante más de tres horas, Pedro Saura se empeñara en conocer de primera mano y punto por punto todas las reivindicaciones del CNTC; “hemos venido a escuchar”, manifestó.

Estaba claro que nadie en Fomento había hecho los “deberes”, como se deduce de los resultados.

Ahora se habla de calendarios, de informes y de estudios

La voluntad de diálogo, por parte de Fomento, choca con la realidad de los hechos. Y de las premisas para avanzar en los objetivos.

Porque ahora se habla de calendarios, de la necesidad de informes (jurídicos en algunos casos), y de estudios más concretos sobre los distintos temas reivindicados, no sólo por parte de las diferentes administraciones implicadas, sino también por lo que atañe al propio Comité Nacional, quien debe aportar al respecto todo tipo de argumentos para facilitar el trabajo de quienes deberían hacerlo. Así las cosas, al Comité no le ha quedado otra alternativa que la de constituir (en su pleno del 19 de diciembre, al día siguiente de la entrevista con Saura), una comisión de trabajo encargada de proponer un calendario de negociación urgente de las medidas planteadas. Y ya se sabe, las comisiones y grupos de trabajo no siempre son el método más rápido y eficaz para solucionar los problemas.

Por otra parte, Fomento quiso dejar muy claro que no todos los problemas son competencia de su Departamento.

En este sentido, implica a Justicia (para la eliminación del “pacto en contrario” citado en la LOTT); o al Consejo de la UE, para un mayor control de la deslocalización, como es el caso de las empresas buzón; o al ministerio de Hacienda, para el régimen del gasóleo profesional; o la Comisión Nacional de la Competencia, con objeto de sancionar la realización de servicios de transporte por debajo de los costes mínimos, sin olvidar al Consejo de Estado (indispensable para la aprobación del ROTT) o incluso al gobierno francés para eliminar los cuellos de botella en las fronteras. Pretende también la intervención de las Comunidades Autónomas y la apertura de foros de debate.

La CETM está convencida de que existe “falta de sensibilidad” hacia la problemática del transporte de mercancías por carretera.

Sin embargo, existen demasiadas “líneas rojas” como para no cejar en su empeño de conseguir que se le considere un sector estratégico y que se atiendan sus reivindicaciones, cueste lo que cueste.

A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Por si los problemas con las administraciones y los cargadores fueran pocos, ahora se añaden los derivados de la actuación de los “chalecos amarillos” galos (cabe la posibilidad de que se extienda a otros países), la impunidad de los Comités de Defensa de la República (CDR) catalanes y los ataques a los conductores y vehículos de los polizones, temas de los que informamos ampliamente en este mismo número. Feliz Año con nuestros mejores deseos, queridos lectores.