
Al ministro de Fomento, José Luis Ávalos, le faltó tiempo para reunirse (a poco más de un mes de su toma de posesión) con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), para conocer los problemas de nuestro sector y reconocer acto seguido su “papel estratégico y fundamental para el desarrollo económico de nuestro país”.
Sin embargo, Ávalos “soslayó” el compromiso adquirido de acudir al Congreso de la CETM del pasado mes de octubre. Fue precisamente en este acto donde el presidente de la Confederación, Ovidio de la Roza, planteó la ineludible necesidad de poner fecha y hora a un paro en el transporte, por razones sobradamente conocidas por nuestros lectores.
Un mes más tarde, el 22 de noviembre, el Comité Nacional de Transporte, acordaba una tabla reivindicativa de 12 puntos, con una fecha concreta para su ejecución, el 15 de enero, por parte de los ministerios con competencias en el transporte. Al cierre de esta edición son pocos los temas sobre los que se proyectan visos de soluciones inmediatas.
Las sucesivas reuniones mantenidas con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura y la plana mayor de su Departamento, han servido para entablar unas intensas y duras negociaciones, en las que ha planeado la sombra de toda una maraña de ministerios con competencias directas en el transporte de mercancías: Justicia, Interior, Hacienda, Industria, Trabajo y Seguridad Social y hasta el de Transición Ecológica.
Es de todo punto imposible que se puedan alcanzar acuerdos válidos en todas las demandas sin su concurso, y nos consta que Fomento está tratando de “negociar” y obtener compromisos con los citados Departamentos. No obstante, en nuestra opinión, deberían haber participado directamente representantes del Comité Nacional en esas reuniones.
En manos del Gobierno está frenar la protesta porque evidentemente, nadie quiere un paro, pero tampoco nadie está dispuesto a que las justas reivindicaciones planteadas por el Comité Nacional de Transporte por Carretera acaben en el olvido
Pero las negociaciones, a pesar de su lentitud, no van mal encaminadas, a juicio de diversas fuentes consultadas por esta publicación, entre las que se encuentran varias asociaciones encuadradas en la CETM.
Cuestiones como la ampliación del régimen de gasóleo profesional para todos los vehículos con autorización de transporte, con la reducción a un mes del tiempo para la devolución del impuesto (en lugar del trimestre actual) o las ayudas para la adquisición de vehículos menos contaminantes, suponen un avance importante. De otro lado, y como aseveró a esta revista la directora general de Transportes, Mercedes Gómez, el Reglamento de la LOTT, el ROTT, podría publicarse este mismo mes.
Persiste, sin embargo, un problema no menor, como el desvío obligatorio de los camiones hacia las autopistas de peaje. Será posible salir de estas vías a la carretera nacional por el camino más corto en el sentido de la marcha, pero habrá que retornar a la autopista por el mismo itinerario realizado, sin posibilidad de continuar hacia la próxima salida; así consta, por ejemplo, en las nuevas restricciones a la circulación de la Dirección General de Tráfico.
Cataluña podría obviar este escollo, gracias a una “Instrucción” de orden interno a los Mossos D’Esquadra, pero no se cambiará la Resolución oficial de las restricciones. Las asociaciones del “Norte”, por su parte (ver artículo en este mismo número), ya han anunciado movilizaciones si no se atiende esta petición.
El tiempo se agota y estamos seguros de que se va a continuar presionando a todos los niveles y en todos los estamentos, porque es absolutamente perentorio que se vayan cerrando medidas concretas, sin posibilidad de vuelta atrás.
La espada de Damocles de un paro va a pender de los ministerios implicados hasta que no lleguen las soluciones anheladas. El Gobierno debe entender que el transporte de mercancías por carretera no va a aflojar el pistón.
En sus manos está que se pueda frenar la protesta.