Lluvia de millones para el transporte
El ‘berrinche’ de los cargadores
Últimamente vuelve a sonar con fuerza en el panorama sectorial la jubilación anticipada de los conductores profesionales, sobre todo a raíz de los acuerdos del sector con el Ministerio de Transportes, pero más bien como un arma arrojadiza contra algunas de las medidas que redundan en beneficio de los conductores, como la prohibición de realizar labores de carga y descarga o la minoración de los tiempos de espera, y así justificar que estas medidas son sólo económicas. Este planteamiento, basado en la perspectiva de la confrontación (lo que es bueno para uno es malo para el otro) es simple y torticero. Es obvio que se trata de medidas que benefician tanto a los conductores como a las empresas del transporte, saliendo beneficiadas ambas partes, lo que se denomina “win-win”.
En la actualidad, en España en las empresas de transporte hay una gran necesidad de conductores profesionales, esto es obvio. Pero ¿por qué tenemos una situación tan complicada?
Dice el refrán que “febrero el revoltoso, no pasó de veintiocho”, y todo apunta a que es un mes intenso para el transporte.
Muchos son los asuntos relacionados con la industria de la automoción que están encima de la mesa en estos momentos. Entre ellos, la incertidumbre económica motivada por la pandemia y la crisis de los microchips. El director general de ANFAC, José López-Tafall, pone un poco de luz a todo ello.
A lo largo de los últimos 25 años, el sector de transportes de mercancías por carretera ha experimentado una serie de cambios relevantes pero algunos problemas persisten en el tiempo sin encontrar, de momento, una solución.
Ella sola ha conseguido un hito: que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para que los conductores tengan áreas de descanso seguras y puedan parar sin miedo a los robos o a ser atacados. Este logro respalda la campaña iniciada por Adriana con miles de firmas de conductores de toda Europa recogidas por ella misma.
Ha sido uno de los elementos principales en la negociación entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el más importante, junto con la prohibición de realizar las labores de carga y descarga por los conductores, en la veintena de compromisos adquiridos por el Gobierno con el sector para que se desconvocara el paro patronal.
¿Realidad o entelequia?
Vaya por delante que no me gustan las despedidas. Y esta no lo es, aunque formalmente deba parecerlo. Después de un tiempo -creo que demasiado largo- en el que he estado amenazando a no pocos amigos de dentro y fuera del transporte, con mi jubilación, ha llegado por fin esta maldita palabra a las páginas de esta publicación…y a mi vida.
El trasfondo de los acuerdos
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que regula las ayudas para la transformación de flotas de transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, las cuales se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que define un estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, de la que a su vez depende el Plan de Impulso de la Sostenibilidad del Transporte de mercancías por carretera, al que parece que el Gobierno ha fiado la negociación con el sector tras la convocatoria de paro patronal. Lo cierto es que uno ya se pierde con tanto plan y se desespera con tan pocas soluciones, como decía el refrán, “mucha paja y poco grano”.
La Organización Castellana de Empresas de Mudanzas (OCEM), integrada en CETM-Madrid, ha elegido a Roberto Megía como nuevo presidente, quien se marca como objetivo luchar por orientar la imagen de la asociación hacia la calidad.
Mucho revuelo se está generando con la aplicación por parte de los servicios de inspección de un nuevo criterio sobre el uso del certificado de actividades. Dicho criterio, que al parecer ha emitido la propia Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre del MITMA, no está exento de polémica y, menos aún, de misterio.
…Y hartos también de esperar
Artículo de opinión de Fernando José Cascales, abogado, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de junio de 2021, asunto C-439/19, sobre acceso público a los datos relativos a los puntos impuestos a los conductores por infracciones de tráfico.
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