REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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No me gusta comenzar este editorial diciendo que el último trimestre del año se avecina apasionante, pues todo lo que conlleva esta afirmación está llena de negativismo por lo que comporta la coyuntura actual.
Los precios de la energía siguen al alza, sobre todo el del gas -curiosamente el resto de los combustibles comienzan a bajar lentamente, que alguien me lo explique-, el de las materias primas más de lo mismo y de la inflación ya ni hablamos. El fantasma de la recesión acecha... y eso sin duda es la peor de las noticias.
Veremos cómo afecta todo ello a nuestro sector, porque incluso la demanda de transporte empieza a dar señales de agotamiento, a lo que hay que sumar síntomas de debilidad de la producción a nivel nacional en todos los segmentos industriales, con lo que la preocupación es máxima en este aspecto.
En cualquier caso, y evolución económica al margen, ya nos hicimos eco justo antes de comenzar nuestro periodo vacacional de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que incluía la Ley de la Cadena del Transporte para, entre otras cosas, prohibir la contratación por debajo de costes. Por su parte, el pasado 2 de septiembre entró en vigor la prohibición para el conductor de hacer la carga y la descarga, con algunas excepciones que recogemos en el reportaje interior que Transporte Profesional publica en el presente número.
Respecto al primer punto, durante este mes poco se ha avanzado en una de las reivindicaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera en el sentido de que nada se dice sobre limitar la subcontratación. Así y todo, la ley establece un código de buenas prácticas sobre precisamente los niveles de subcontratación al efecto de evitar abusos en la misma.
Parece, y eso es una buena noticia, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ‘vigilará’, eso sí, la efectividad de las medidas, asegurando que va a presentar un proyecto de Ley sobre la subcontratación.
En cuanto a la carga y la descarga, todavía es pronto para conocer su grado de aplicación y si se está cumpliendo la normativa aprobada hace semanas. Tal y como comenta José María Quijano, secretario general de la CETM, se producirá “mucha incertidumbre al respecto sobre algunas interpretaciones”, con lo que habrá que tener cuidado a la hora de llevar a la práctica esta regulación conforme a lo establecido. Y en eso, los cargadores tendrán que ajustarse al decreto sí o sí. Esperemos que con el paso de los meses todo se aclare y no haya lugar a prejuicios para las partes.
La demanda de transporte empieza a dar señales de agotamiento, a lo que hay que sumar síntomas de debilidad de la producción a nivel nacional en todos los segmentos industriales, con lo que la preocupación es máxima
Con todo, en ambas medidas somos pioneros -en el caso de la prohibición de hacer la carga y la descarga al conductor junto con Portugal-, algo de lo que no pueden hablar en el resto de la Unión Europea. Y yo me pregunto: con todo lo que gusta legislar desde Bruselas, ¿tan complicado es llegar a un entendimiento entre los distintos países miembros en estos aspectos? Resulta difícil de entender; bueno no tanto si, solo por poner un ejemplo, nunca se han puesto de acuerdo en cuanto al MMA establecido…
No quería concluir sin referirme a un dato que me ha sorprendido, por lo negativo, que está relacionado con la morosidad a la hora de pagar los servicios de transporte al profesional. Y es que seguimos en unos plazos de pago excesivamente altos, que en julio se situaron en los 75 días de media, por los 74 del mes de junio. Con todo ello, los datos dicen que el 56% de los cargadores incumplen la norma de pagar a los 60 días como máximo. Realmente, no sé si a algunos la Ley de Morosidad no les dice nada, pero lo que está claro es que las situaciones abusivas lejos de desaparecer siguen estando a la orden del día. Y eso que las multas pueden llegar a los 30.000 euros para los reincidentes. Es de suponer que tomarán nota y que se lo pensarán a la hora de cumplir con lo pactado.