Una de las asignaturas pendientes en materia de contratación mercantil es la necesidad de aprobar un régimen sancionador que multe los incumplimientos en materia de plazos de pago que se producen en el ámbito comercial, especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales.

En 2008 se introdujo en España la Directiva europea sobre formación de conductores profesionales, que estableció que para conducir un camión o un autobús, además de poseer los permisos C o D, se debía obtener el llamado CAP o Certificado de Aptitud Profesional, que consiste en una formación obligatoria en un Centro autorizado, de 140 o 280 horas de duración en función de la modalidad acelerada u ordinaria por la que opte el alumno, que deberá renovarse cada cinco años mediante una formación CAP de reciclaje o continua.

El pasado mes de julio, el Gobierno aprobó un conjunto de medidas económicas y de carácter administrativo destinadas a ayudar a las empresas de transporte, tanto autónomos como sociedades, para hacer frente a la grave situación económica derivada de la pandemia del Coronavirus.

El pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó al Comité Nacional de Transporte por Carretera el Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2021, anunciando una actuación inspectora inflexible sobre aquellas empresas que, de manera reiterada y fraudulenta, distorsionan la libre competencia. 

Ya se ha publicado en el BOE la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2021. Como es habitual, no están incluidas las restricciones del País Vasco ni de Cataluña, ya que tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.

Desde el pasado mes de octubre, la Seguridad Social ha venido aplicando con carácter retroactivo el aumento de los tipos de cotización aplicables a los trabajadores autónomos previsto para el pasado ejercicio 2020 y que se recogió en la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, aprobada en diciembre de 2019.

Ante las nuevas restricciones, la gran mayoría de comunidades autónomas permiten la apertura de los establecimientos de restauración que se encuentran en carreteras y áreas de servicio, con el objetivo de poder prestar servicio a los profesionales del transporte y otros trabajadores esenciales.

Debido al retraso de la parte marroquí en el intercambio de las autorizaciones bilaterales correspondientes al año 2021, a través del Ministerio de Transportes, se solicitó a su homólogo marroquí la extensión del periodo de vigencia de las autorizaciones marroquíes del contingente 2020, tanto bilaterales al viaje como temporales, hasta el próximo día 28 de febrero, en lugar de que expirar dicho plazo de validez el 31 de enero como es habitual, con objeto de evitar la ruptura de stock y los inconvenientes que ello podría provocar en el conjunto del transporte español.

El acuerdo supone la prórroga de las ayudas vigentes, con leves modificaciones. Además, se ha aplazado también hasta el 31 de mayo la subida de los tipos de cotización prevista para enero de 2021. Desde enero de este año, estaba previsto que la cuota de los autónomos volviera a subir entre 3 y 12 euros, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, publicado en el BOE el 29/12/2018.

Continuamos con el repaso a lo que ha dado de sí 2020 en lo que al transporte se refiere: debido a la pandemia, muchas de las noticias más leídas de esta web estuvieron relacionadas con las restricciones a la circulación, los cierres perimetrales y cómo ello afectó al transporte de mercancías por carretera, en el que sólo se libró el transporte de alimentos y medicinas. Otras noticias que también despertaron el interés de los lectores se centraron en cambios en la normativa (como la posibilidad de sacarse el permiso de conducir camiones con 18 años o el fiasco de las ayudas del Plan Renove, que finalmente no incluyó a los vehículos industriales).

El incremento en el número de casos de contagio por el covid-19 que sufre España en las últimas semanas, en lo que ha venido a definirse como la tercera ola de la pandemia, ha llevado a varias comunidades autónomas a aprobar nuevas medidas confinatorias y de limitación de las actividades económicas que sus respectivos territorios han ido implementado en sus respectivos ámbitos, con el objetivo de tratar de controlar la expansión de la pandemia en los ámbitos que son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo.

Comenzamos, como cada año, el repaso a lo que dio de sí 2020: un año fatídico en lo sanitario y lo económico, debido a la pandemia provocada por la Covid-19. Aunque el transporte fue considerado actividad esencial y pudo seguir operando, no todas las empresas continuaron desarrollando su actividad: sólo las dedicadas al transporte de alimentos y medicinas, dejando a todas las demás mercancías sin mover. Hemos resumido las noticias más leídas en esta web, por lo que consideramos que son las más importantes del año.

Novedades de la Dirección General de Tráfico en lo que respecta al transporte. A partir de ahora, los conductores de 18 años pueden optar al examen de camión o autobús y los que tengan el permiso B podrán conducir furgonetas de hasta 4.250 kilos, si éstas son eléctricas.  

En los últimos meses, distintas comunidades autónomas han ido implementado en sus territorios diferentes medidas en materia de salud pública para actuar de forma coordinada ante el incremento de casos de la covid-19 en España durante la segunda ola, centradas en el control de la transmisión en los ámbitos que son el origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo.

El Tribunal Supremo ha decidido suspender de forma cautelar el apartado de la orden de Sanidad por la que se establecen medidas especiales para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por el estado de alarma, lo que afecta a los camiones y demás vehículos de transporte.

El Gobierno español aprobó, al poco de decretarse el estado de alarma, una línea de avales por valor de 100.000 millones de euros, con la que buscan impulsar nuevas inversiones para pymes y trabajadores autónomos de cualquier actividad. Sin embargo, el sector del transporte de mercancías apenas se ha visto beneficiado por estas ayudas.

Con el fin de facilitar a los transportistas autónomos y pymes el pago de los impuestos durante la pandemia, el Gobierno ha ido aprobando desde el pasado mes de marzo diferentes medidas tributarias dirigidas a dotales de mayor liquidez para poder hacer frente a la crisis derivada del Covid-19.

La futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, en cuyo anteproyecto está trabajando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), bien podría ser una tabla de salvación para el transporte. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ya está trabajando en este proyecto normativo, aportando ideas en capítulos como fiscalidad, financiación y digitalización. Pero hay otros campos y proyectos en los que participa, relacionados con este campo, como explica Beatriz Belinchón, coordinadora del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible de la CETM.