Tras la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo que el plazo de pago máximo superara los 60 días. Sin embargo, en la práctica la falta de un régimen sancionador que penalice la falta de pago en dichos plazos, ha supuesto un incumplimiento generalizado de dicha ley.
En torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad
En el sector del transporte por carretera, conforme a los datos extraídos del Observatorio de la Morosidad, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, se evidencia que en torno a un 65% de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, situándose el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días de media, con un importante incremento tras la crisis sanitaria.
En este sentido, en base al compromiso asumido con las asociaciones de transportistas, el pasado mes de julio, el Ministerio de Transportes se comprometió a impulsar la aprobación de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del transporte por carretera, cuya tramitación inició el mes de septiembre, por vía de urgencia, aunque en la práctica ha tardado más de cinco meses en redactar el proyecto de ley que el martes 9 de febrero ha aprobado en Consejo de Ministros para iniciar su tramitación y aprobación final en el Parlamento.