REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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En la reunión mantenida con la subdirectora general de Transporte Terrestre, Alicia Rubio y los responsables de inspección de varias comunidades autónomas, los representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera expresaron su preocupación debido a que las empresas buzón y de países con costes sociales y fiscales mucho más bajos siguen ejerciendo un dumping social que está acabando de forma inexorable con el transporte por carretera.
Los representantes del Ministerio de Transportes reconocieron la dificultad por la falta de medios para llevar a cabo la labor inspectora que requiere, a todas luces más agentes, más formación y un mayor control en las fronteras, comprometiéndose a mejorar estos aspectos en el próximo ejercicio.
El plan presentado anuncia, una vez más, un especial control centrado en las empresas deslocalizadas hacia países con menores costes de explotación, y también sobre aquellas cooperativas de trabajo asociado en las que, de manera fraudulenta, sus socios no tienen una verdadera relación societaria. No todas las empresas internacionalizadas ni todas las cooperativas de trabajo asociado son fraudulentas pero, a su juicio, "es imprescindible sacar del mercado las que operan ilegalmente alterando el mercado, algo que requiere un trabajo minucioso de coordinación entre cuatro ministerios. Coordinación que debe también producirse con las comunidades autónomas. Volvemos a lo mismo: hacen falta más recursos humanos y más formación" aseguró la subdirectora general de Transporte Terrestre, Alicia Rubio.
Inspección en el transporte internacional
La Subdirección General de Transporte fija como objetivo prioritario el control en las fronteras del transporte realizado por empresas extranjeras, en operaciones tanto de carácter internacional como de cabotaje. Estas cuestiones son muy importantes, ya que el número de vehículos extranjeros que transitan por las carreteras españolas es muy grande (casi el 60% de ellos): más de 2.000.000 al año son extranjeros, por lo que "para el sector del transporte resulta fundamental que se persiga a aquellos que, esquivando las normas establecidas, ejercen una competencia desleal lejos de sus fronteras" señala Alicia Rubio.
En el marco europeo se busca conseguir un equilibrio basado en que las empresas operen allí donde estén instaladas y generen riqueza. El Paquete de Movilidad, aprobado el pasado mes de agosto, recoge la obligación de acreditar el establecimiento efectivo y la presencia real de las empresas allí donde trabajan, con el objetivo de perseguir a las empresas buzón. "Esta obligación entrará en vigor en febrero de 2022, pero tal y como muestran los datos, el sector del transporte no puede esperar, por lo que es muy importante que la inspección sea efectiva" afirma la subdirectora general Transporte Terrestre.
España es el segundo país de la Unión Europea que más transporte internacional realiza, superado sólo por Polonia
Para que este plan no quede en papel mojado, se insiste desde el Ministerio de Transporte que se necesita que los inspectores competentes de cada organismo concernido cuenten con un plan de formación específico sobre la diversa casuística de transporte, de manera que puedan detectar las actuaciones anticompetitivas basadas en complejas estructuras empresariales, creadas para eludir las normas establecidas. Más inspectores con formación específica y más agentes también formados y con los medios tecnológicos adecuados para interceptar a los irregulares, es lo que el sector del transporte lleva años demandando.
