La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) han anunciado que tienen intención de pedir amparo al Ministerio de Fomento y al Gobierno de España “ante las crecientes medidas unilaterales que están tomando organismos y comunidades autónomas y que son contrarias a la legislación nacional”.

Tras el anuncio de que la Generalitat de Cataluña está dando los pasos necesarios para instaurar la Euroviñeta en su territorio, la Confederación Empresarial de Transporte por Carretera de Cataluña (CETCAT) ha hecho público un comunicado en el que se opone de forma tajante a su implantación.

El excesivo endeudamiento y la posibilidad de no poder hacer frente al pago de las deudas y sus intereses, con poco trabajo y uno costes fijos elevados, son algunas de las circunstancia que están acelerando la desaparición de muchas empresas de transporte.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, y el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, han firmado han firmado un convenio para bonificar a los vehículos pesados que circulen entre el tramo Maçanet de la Selva-Frontera Francesa de la AP-7.

La Comisión Europea ha propuesto un Reglamento Europeo de Inspecciones Técnicas en Carretera de Vehículos Comerciales. Uno de los puntos más polémicos es la cadencia a la que los usuarios deben ir a pasar sus revisiones: mientras que Bruselas propone un periodo de 4-4-1 años, algunos partidos (como el PPE y el S&D) quieren que sea 4-4-2 años.

Cataluña, sujeta a una serie de condicionantes, adoptó a modo de prueba las 44 toneladas hasta el próximo 30 de septiembre, para ello se creó una mesa de seguimiento entre las partes “afectadas”, es decir, Servicio Catalán de Tráfico (Gobierno de Cataluña), cargadores y transportistas de cara a comprobar si esta prueba piloto estaba resultando económicamente beneficiosa para los dos grandes “grupos de poder” del sector.

La responsabilidad social corporativa (RSC), también conocida como responsabilidad social empresarial, es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

Entre las novedades que aparecen en la nueva LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) se encuentra la nueva regulación que se establece para el transporte público de mercancías con vehículos de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Esta norma entra en vigor el 25 de julio.

El ministerio francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía (MEDDE) ha emitido un comunicado que anuncia la apertura del periodo de registro de los vehículos de usuarios que eligen abonarse a una sociedad autorizada de servicios de telepeaje, los llamados “usuarios abonados”.

Tras agotarse la cuantía presupuestaria en un periodo de tiempo muy inferior al inicialmente previsto, el Gobierno ha tomado la decisión de dotar un crédito de 70 millones de euros para dar continuidad a este Programa de Incentivos al Vehículo eficiente.