La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que el ministerio que controla ya está ultimando su plan para aplicar el pago por uso de las carreteras.

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y la secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo, han mantenido una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE), Cosmin Boiangiu, en la que le han trasladado el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a su labor de coordinación e impulso de la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea en inspecciones de empresas fraudulentas, en particular, para las inspecciones de empresas buzón y en la lucha contra prácticas ilegales.

Coincidiendo con el proceso de liberalización y eliminación de requisitos que se ha ido llevando a cabo en el último año y medio en el transporte de mercancías por carretera en España, sobre todo tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que eliminaba el requisito de antigüedad máxima de la flota para acceder.

Desde el miércoles, 1 de septiembre, circular por la Red de Carreteras del Estado será más barato. Según cálculos del Ejecutivo, el coste baja un 73% desde 2017, por lo que cuatro de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasarán a ser gratuitos.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aprobado el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como nueva secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, señala que "mientras, por un lado, se habla del transporte público de mercancías por carretera como un sector esencial, que hace posible el funcionamiento de las empresas, hospitales, estaciones de servicio y, en general, el normal desarrollo de la actividad y vida de nuestra sociedad, por otro, se le ataca desde muchos frentes".

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) han firmado un protocolo con el fin de mejorar la coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

El Consejo Nacional de Transportes Terrestres, máximo órgano de interlocución del sector con la Administración, está analizando el proyecto de modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) que ha elaborado el Ministerio de Transportes, en el que se propone flexibilizar el mínimo de exención de tonelaje de los vehículos de transporte que no precisarían autorización de transporte, eliminar el requisito de antigüedad de la flota y rebajar el nivel de exigencia para obtener el título de competencia para ser transportista.

La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado el 20 de julio la resolución provisional por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos de avanzada edad o en situación de invalidez para el abandono de la actividad del transporte por carretera.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Ministerio de Transportes licitará el estudio de alternativas funcionales que abordará la problemática planteada en la red ferroviaria en Tarragona derivada del crecimiento de tráfico por el tercer carril que se está ejecutando en el Corredor Mediterráneo.

No solo vivimos de palabras

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha mostrado la apuesta decidida del Gobierno por una movilidad como derecho ciudadano y elemento de cohesión. En ese sentido, según expresó, la movilidad urbana y el impacto del transporte en el urbanismo y en la configuración de pueblos y ciudades serán pilares de esa política de movilidad.

La facturación en España de los fabricantes de automóviles que operan en el país, asociados de ANFAC, alcanzó un valor en 2020 de 59.987 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,8% de los ingresos obtenidos respecto al año anterior, y una caída del resultado neto de 78,8%, con un total de 189,8 millones de euros, tal y como recoge el Informe Anual 2020 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este dato viene condicionado por la crisis de la Covid-19, que provocó el cierre temporal de la actividad comercial y de la producción.

La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha tomado hoy posesión del cargo en la sede del Departamento en Madrid, ha señalado al Ministerio de Transportes como la punta de lanza de las grandes transformaciones y de la recuperación económica que supondrán los fondos europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remodelado el gabinete de ministros y, entre ellos, ha prescindido del titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que también deja la secretaría de organización del PSOE.

El transporte no quiere peajes, porque ya los paga sobradamente. En consecuencia, está dispuesto a no beber de ese cáliz y para ello ha comenzado a dar la batalla en todos los frentes. La credibilidad del Gobierno, después de tantas promesas, está por los suelos y, de otro lado, nadie se cree que los cargadores no intenten –una vez más- que el pagano sea el transportista.

Representantes de Fegatramer y de las demás asociaciones gallegas de transportistas de mercancías por carretera han mantenido una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, para transmitirle la demanda del sector de la necesidad de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana implemente descuentos en los peajes de la AP-9 para los vehículos de transporte público de mercancías por carretera.  

El Ejecutivo español ha decidido aprobar una normativa nacional para introducir restricciones a la actividad de varias empresas, y que dará cobertura a las legislaciones vigentes en varias comunidades autónomas con relación a las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor (VCT).