Tanto las empresas de transporte como los sindicatos han mostrado su preocupación por la modificación realizada en el Reglamento General de Conductores, a partir de la aplicación del Real Decreto 475/2013. La principal modificación que incluye el Real Decreto es que los conductores deben hacer, además de un curso de reciclaje en un centro de formación autorizado, un examen en la Jefatura Provincial de Tráfico, en lugar de en el propio centro de formación.
Esta medida está ocasionando deterioros en la productividad de las empresas, con costes excesivos por la paralización de personal y vehículos, así como problemas sociales para todos los trabajadores intervinientes en el proceso. Por ello las organizaciones implicadas en la capacitación y empleo de los conductores profesionales, han solicitado:

• La posibilitar de que la realización de las pruebas de evaluación de los conductores participantes en los cursos de Renovación de la Autorización ADR, sean realizados por parte del centro que ha impartido la formación (sin perjuicio de la presencia de los funcionarios de la administración territorial de Tráfico que se personen), en el mismo lugar de realización de la acción formativa e inmediatamente después del periodo de formación.
• Potenciar, desde las administraciones territoriales de Tráfico, el control y la inspección tanto de los centros como de los cursos de formación, para impedir cualquier actuación incorrecta en la práctica de formación.
• Sancionar cualquier actuación que vaya en contra de la capacitación de los conductores profesionales.

El sector del transporte se ha comprometido a seguir trabajando y ofrecer a la DGT, propuestas que ayuden a solucionar el grave problema de incremento de costes empresariales y de inestabilidad laboral, que esta modificación está generando.

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