El Ministerio de Hacienda quiere luchar contra la morosidad en el pago a proveedores, sobre todo, en la de las grandes empresas con pymes y autónomos. La Ley de Morosidad dice que el plazo máximo de pago entre empresas ha de ser de 60 días.

Si este periodo medio supera el máximo establecido por la Ley, la compañía deberá informar sobre las medidas que aplicará en el ejercicio siguiente para reducir los plazos de pago. Para el Gobierno, esta información es muy importante de cara a conocer la capacidad financiera de la empresa, especialmente cuando esos plazos se sitúan por encima del máximo legal.

En la medida en que esta información debe incluirse en las cuentas de las grandes compañías, el dato tendrá que someterse a auditoría por la junta general, por lo que la información tendrá un alto nivel de fiabilidad.

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