En diciembre de 2017 entró en vigor la resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se estableció, por primera vez, en las restricciones anuales a la circulación de camiones, la prohibición permanente de circulación en las carreteras nacionales N-232 y N-124 y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68, lo que supone más de 150 kilómetros de carreteras a su paso por las comunidades autónomas de La Rioja y el País Vasco.

La crisis sanitaria que sufre el país, provocada por el coronavirus, ha provocado un sinfín de alteraciones en las normas que rigen muchas convocatorias, entre ellas, la obtención o renovación del título de consejero de seguridad, que quedó en suspenso por el estado de alarma. Ahora, las comunidades autónomas han decidido retomar la convocatoria de exámenes para que los aspirantes al título o los que quieran renovarlo puedan hacerlo.

Los planes de inspección de transportes realizados por la Administración del Estado y las distintas Comunidades Autónomas dejan claro que más de un 50% de los expedientes incoados –concretamente un 55%- tiene que ver con el incumplimiento de la regulación sobre tiempos de conducción y descanso y sobre la utilización del tacógrafo.

Según informa la Dirección de Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el tráfico de vehículos pesados (más de 3,5 toneladas) estará prohibido en la N-I, entre Beasain y Andoain, de 08:00 a 20:00 horas, entre el 8 y el 23 de agosto, debido a las obras que se van a acometer.

Desde el pasado 29 de julio, se encuentra en vigor la Orden aprobada por la Xunta de Galicia por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria por la Covid-19 con relación a la llegada a esta comunidad autónoma de personas procedentes de otros territorios. En la citada Orden se especifica que todas aquellas personas que hayan estado dentro de los 14 días anteriores a dicha llegada en Galicia con alta incidencia de Covid-19 deberán registrarse en un plazo máximo de 24 horas desde la llegada, comunicando sus datos de contacto.

La organización empresarial CETM-Madrid, que representa al transporte de mercancías por carretera de la Comunidad madrileña, muestra su satisfacción, prudente y moderada, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado Madrid Central por "defectos formales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara nula parte de la nueva Ordenanza de Movilidad aprobada por el anterior equipo de Gobierno municipal, en concreto, la que estableció la nueva zona de bajas emisiones, denominada Madrid Central.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte de cara a la tramitación y aprobación de este proyecto normativo para dar respuesta a los retos en materia económica, social y medioambiental a los que se enfrentan el transporte y la movilidad.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado de manera positiva el hecho de que el Parlamento español entienda que "en la era post-COVID es imprescindible regular los pagos a proveedores", tal y como la entidad ha reivindicado históricamente. Así lo ha manifestado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tras conocer que el Pleno del Congreso validará la propuesta de régimen sancionador —que multa a las empresas morosas— que había realizado la PMcM durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.

La crisis sanitaria que vive España ocasionó durante el estado de alarma, entre otras consecuencias, la suspensión de toda la actividad educativa y formativa, lo que implicó la paralización por parte las comunidades autónomas de todos los exámenes para la obtención y renovación de los diferentes títulos oficiales necesarios para el ejercicio del transporte, entre otros, las pruebas que cada año se convocan durante el primer semestre del año para la obtención del título de competencia profesional de transportista y operador de transporte.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda. En su disposición final duodécima, establece la habilitación temporal (condicionada a la vigencia del Real Decreto Ley 21/2020) a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas para realizar labores de vigilancia y control, extendiendo actas de infracción en su caso, con relación al cumplimiento por parte del empleador.

El Real Decreto-ley 26/2020 publicado en el Boletín Oficial del Estado recoge, en su artículo 30, la posibilidad de que los presidentes de las juntas arbitrales de transporte modifiquen el procedimiento arbitral. Entre otras cosas, el presidente puede acordar prescindir de la vista oral cuando la cuantía reclamada no exceda de 5.000 euros, de las demandas de arbitraje que se hayan presentado desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto con medidas destinadas a la recuperación del transporte tras la crisis sanitaria del Covid-19. Ábalos ha destacado el papel fundamental que han jugado los transportistas para mantener el suministro y, en este sentido, ha declarado que ahora es “justo” que el Gobierno mantenga el compromiso con el transporte.

Primero fue el Tribunal Supremo el que declaró nulo el convenio firmado por el Gobierno central, el Ejecutivo riojano y la Dirección General de Tráfico por el que se desviaba el tráfico de camiones de la N-232 a la AP-68 de manera obligatoria. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se reafirma en este sentido, considerando que la Resolución de la DGT de 2017, por la que se establecía el citado desvío de camiones, no se ajusta a Derecho y queda anulada.

Como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma a mediados del  mes de marzo provocadas por la Covid-19, el Gobierno ha establecido varias medidas laborales para paliar el impacto que la pandemia y el consecuente cierre y reducción de las diferentes actividades económicas, entre ellas, el transporte de mercancías por carretera.

La Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid ha actualizado el documento de medidas preventivas y recomendaciones para el desarrollo de la actividad del transporte y la logística de mercancías por carretera, una vez finalizado el estado de alarma, con el objetivo de seguir garantizando la prestación del servicio en condiciones que preserven la seguridad de los profesionales del sector. El transporte es la única actividad capaz de garantizar el abastecimiento de bienes básicos, como los alimentos o los sanitarios, pero también necesario para asegurar el desarrollo del resto de actividades.

La declaración del estado de alarma, que se ha mantenido vigente durante más de tres meses, modificó todos los plazos administrativos y la práctica paralización de todos los procedimientos con la Administración. Ello ha afectado, entre otros, al visado de las autorizaciones de transporte y de operador que, por ser año par, corresponde realizar a los transportistas autónomos y empresas de transporte de mercancías por carretera.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera, sección Mercancías, ha presentado una carta al Ministerio de Transportes en la que se insta al Gobierno a tomar una decisión sobre los 10 puntos que se presentaban en el mes de marzo (entre ellos, eliminar la modifcicación de las masas y dimensiones de los camiones). De no llevarse a cabo alguna medida entre las solicitadas, han asegurado que convocarán un paro en el transporte de mercancías por carretera los días 27 y 28 de julio.