Domingo, 20 Octubre 2019

    Septiembre 2019 - Editorial revista Transporte Profesional

    Javier Baranda director de Transporte Profesional Javier Baranda director de Transporte Profesional Editorial

    La “Comisión” no nos quita ojo

    La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, tiene puesto su punto de mira en el transporte de mercancías por carretera.

    Como nuestros lectores recordarán, a mediados del pasado mes de mayo este organismo se pronunció en contra del establecimiento de una regulación de carácter legal que prohibiera contratar los servicios de transporte por debajo de sus costes (en condiciones económicamente abusivas, se entiende), tal y como solicitaba en su día el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en la tabla reivindicativa de los “doce puntos” propuesta a Fomento y otros departamentos ministeriales.

    Con el talante liberalizador de que siempre ha hecho gala esta institución en su presunta defensa de la libre competencia, su pronunciamiento, ante una consulta del Ministerio de Fomento, ha sido claro: “no existen razones imperiosas de interés general que justifiquen la intervención regulatoria”.

    La CNMC considera que se restringe la competencia en el mercado si se prohíbe “prestar servicios de transporte por debajo de un determinado baremo de costes”, de forma que, en su opinión, parecen no existir en el mercado servicios de transporte en “condiciones económicas abusivamente bajas”, lo cual es absolutamente falso y viene a demostrar el desconocimiento de esta institución sobre la realidad de nuestro sector.

    Se supone que estamos en la Unión Europea, por lo que la existencia, como es el caso de nuestro vecino país, Francia, de normativas reguladoras tendentes a evitar la contratación por debajo de costes, debería ser un argumento suficientemente convincente como para que la citada Comisión no se limitara a señalar que esa norma es de “otro Estado miembro, que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, no es de aplicación a los transportes en España”. Absolutamente fuera de lugar, en mi opinión.

    La Comisión ha encontrado un filón para atacar el transporte

    Evidentemente, nadie está solicitando o exigiendo ni pactar precios ni establecer tarifas de obligado cumplimiento, como las que en su día existieron, entre otras razones porque se chocaría frontalmente con la política –también liberalizadora- de Bruselas, al respecto. Sí se pide, en cambio, o más bien se pretende, establecer un sistema que no deteriore aún más el mercado, que impida la facturación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación.

    Hay que buscar, en consecuencia, una fórmula, legislativa preferentemente, para atajar el problema de la competencia desleal. Dentro de unos días, el Comité Nacional se reunirá con la Comisión y tratará de que entienda el grave perjuicio que supone mantener la actual situación, además de recordarle que nuestros colegas galos han encontrado un método “legal” para evitar la proliferación del trabajo por debajo de costes.

    No es esta la única controversia que tiene el transporte con el organismo regulador. Tanto o más grave es su criterio sobre la antigüedad máxima de los vehículos para acceder al sector, puesto que ha calificado de “innecesaria y desproporcionada” la medida de exigir un máximo de cinco meses a los vehículos que llegan por primera vez al mercado, tal y como establece el nuevo ROTT.

    No obstante, antes de que esta Comisión interponga un recurso que supondría, de facto, la impugnación del Reglamento de la LOTT, emitirá un requerimiento al Ministerio de Fomento. Cabe resaltar que no es la primera vez que la CNMC impugna una norma sobre transporte; ya lo hizo en dos ocasiones anteriores, en 2016, por motivos parecidos, aunque la resolución judicial de sus recursos está aún pendiente.

    Si lo que se pretende es permitir el acceso a vehículos que deberían estar en la chatarra, adelante, este es el camino, pero las consecuencias para el sector y para los protagonistas implicados serían desastrosas, pues estos últimos rebajarían los precios de los servicios hasta su ruina más absoluta, después, claro está, de haber promovido y quizás conseguido, una debacle en el conjunto del transporte.

    Es evidente que la antigüedad media de nuestra flota, a pesar de las recientes mejoras, continúa siendo preocupante. De alcanzar su objetivo, la Comisión Nacional estaría en total contradicción con la política energética y de seguridad que propugna el Gobierno, puesto que se incrementaría no solo la siniestralidad, sino también la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, un contrasentido total que debe evitarse por todos los medios.

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    Javier Baranda

    Director y editor de la Revista Transporte Profesional, periodista de vocación y devoción llevo media vida ligado a la información sobre el transporte y el asociacionismo en especial a la CETM

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