REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Claro está que el mercado, la oferta y la demanda, marcará indefectiblemente los precios, pero también es verdad que se debe tender a conseguir un precio justo, lo que significa subir los actuales servicios del transporte, pues es imposible sobrevivir perdiendo dinero cada día, prostituyendo a la postre una actividad a todas luces vital y estratégica para nuestra economía.
Por otra parte, a nadie se le oculta que los “módulos” no benefician de forma efectiva al transportista autónomo, pues es el mercado quien “absorbe” parte de sus ingresos, devaluando el coste de su trabajo.
Desde la gran mayoría de las asociaciones de transportistas se ha apostado por incluir un periodo de transición antes de la definitiva supresión de este sistema de tributación, que daría paso al método de estimación objetiva. Y las conversaciones que se mantuvieron con el Ministerio de Economía siempre fueron encaminadas en este sentido.
Así lo recogía la Reforma Fiscal de 2014, y el presente año (quizás también 2016) bien podría haber sido el de transición antes aludido. Dado que todo el mundo daba por descontado la eliminación del sistema, la propia CETM ya había comenzado –en este interín- a asesorar, a informar a sus transportistas autónomos asociados, acerca del mejor modo de paliar las consecuencias que, en principio, se preveían negativas, con el objetivo que pudieran adaptarse a la nueva situación fiscal, de tributación.
Pero en este cambio de rumbo, de criterio acerca de la ampliación de 75.000 a 125.000 euros de facturación anual a empresas (y de 150.000 a 250.000 euros para el conjunto de actividades realizadas, lo que no entra en lógica normal de la actividad de transporte para un autónomo), han fallado también las “formas”.
Sí, porque ha sido el propio Gobierno, a través de su grupo parlamentario en el Senado, quien se ha “corregido” a sí mismo introduciendo una enmienda aprovechando los Presupuestos Generales del Estado aprobados por mayoría en el Congreso, que, como todos sabemos, es una argucia habitual para decir “Donde dije digo, digo Diego”. Como es preceptivo, la enmienda fue definitivamente aprobada en la Cámara Baja posteriormente.
Todas las fuentes consultadas por esta publicación apuntan a algo que desde hace tiempo es un hecho: las divergencias de opinión entre el Ministerio de Fomento y su titular, Ana Pastor, y la Oficina Económica de Moncloa. La primera es partidaria de hacer “tabla rasa” con la fiscalidad en el transporte, igual para todos. En cambio, Álvaro Nadal, responsable de esta Oficina de Presidencia, nunca ha estado de acuerdo con las tesis de Fomento.
Sin duda, las presiones ejercidas por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que agrupa a numerosos colectivos, no solo de transporte, han dado sus frutos, en un momento clave de claros tintes electoralistas. Cabe señalar, por otra parte, que las organizaciones de transportistas nunca fueron informadas de la inminente presentación de la citada enmienda por parte del Partido Popular en el Senado.
Es más, hasta en la propia Dirección General de Transporte por Carretera de Fomento se mostraron sorprendidos de tal acción. En consecuencia, ahora nos encontramos con la vuelta a los módulos para un periodo de dos años, 2016 y 2017. Con las elecciones generales a un paso, no queda margen de maniobra para nada, y mucho nos tememos que, ante las incertidumbres de los más que probables pactos postelectorales, la posibilidad de un cambio vaya para largo.
De todas formas creemos que, con o sin el sistema fiscal de módulos, lo importante es alcanzar unas condiciones de mercado más justas e igualitarias y, por encima de todo, conseguir un precio más justo por el trabajo que cada uno realiza, sea autónomo o gran empresario.