REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Habitualmente, el ser humano comienza el año con buenos propósitos, si bien unas veces los cumplen y otras no tanto. Ocurre igual en el caso del transporte de mercancías por carretera, que siempre espera que la actividad se desempeñe en unas condiciones mínimas de buen funcionamiento, con unas tarifas justas por los servicios a prestar y un combustible, así como otra serie de partidas (neumáticos, seguros, etc.), que no se desboquen en el precio. Vamos, que con alcanzar una rentabilidad razonable acorde al trabajo que viene realizando y que no se trabaje a pérdidas, poco menos que se conforma.
Y así parece que sucedió en el primer semestre del año 2023. La demanda de transporte era relativamente alta y las carreteras se llenaban de nuestros camiones. Además, la relación con el Ministerio de Transportes por parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera fluía y se seguía trabajando en acometer todo lo firmado -que no fue poco- en 2022. Incluso ya había fecha oficiosa para la puesta en marcha de las 44 toneladas.
Desde el mismo momento en que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció nuevas elecciones generales, todo empezó a cambiar. Por lo pronto, la actividad ministerial se paralizaba, y no por falta de trabajo de los responsables que en los últimos años habían formado parte del equipo de la ministra Raquel Sánchez, que realizaron una labor ejemplar en todo momento, pero suele pasar que cuando se convoca un plebiscito de tal calibre lo que suele estar encima de la mesa poco menos que decae.
Tal es así, que según aseguró el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías por Carretera (CETM), Ovidio de la Roza, durante un encuentro con los medios de comunicación, “el último semestre del año se ha perdido para el transporte de mercancías”.
Lo peor de todo es que en el mes de enero, ya con el equipo del nuevo ministro conformado, no se ha retomado la agenda pendiente y las negociaciones con la Administración en cuestiones como el incremento de las masas y dimensiones o la regulación de la Ley de la Cadena de Transporte y todo lo relacionado con la subcontratación más allá de un primer encuentro el pasado día 15 entre el Comité y Transportes, en el que se le hizo entrega al ministerio de un documento con las principales reivindicaciones del transporte… y hasta hoy, a pesar de la predisposición de los regidores ministeriales de continuar con las mesas de trabajo que se venían desarrollando hasta el verano.
Todos estos factores, unido a una demanda que está bajando y a una inestabilidad internacional que no cesa, hace que la situación de incertidumbre del sector de transporte sea total.
“No es cuestión de ser alarmistas, pero sí realistas”, asegura con rotundidad De la Roza.
Por si ello fuera poco, en las últimas semanas nos hemos encontrado con las protestas de los agricultores en Francia que, como viene siendo habitual cada vez que hay una revuelta en el país vecino, pagan nuestros transportistas, no ya sólo por el impedimento de realizar el libre ejercicio de su actividad sobre la base de continuos cortes en las carreteras, sino porque se les está atacando sin motivo hasta el punto de volcar camiones y mercancías; es más, se están vaciando en plena vía las cisternas, lo que está ocasionando unas pérdidas diarias de 600 euros al día por camión de media.
Incluso el Gobierno francés está reclamando a los transportistas españoles que han sido atacados un pago asociado a los servicios de limpieza que se realizan en las autopistas. ¿En serio? ¿Es posible más humillación? ¿Qué ha hecho el Gobierno español para defender los intereses de nuestro sector? Pero es que, además, los seguros de los transportistas y de las empresas sólo cubren parcialmente a los vehículos y las mercancías.
De verdad que no se entienden estas agresiones de los agricultores -el tsunami amenaza ya a gran parte de Europa- cuando deberían ser los aliados de nuestros profesionales, pues al fin y al cabo son los que transportan sus productos. El mundo al revés.