REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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No es posible saber si, de una u otra forma, esta circunstancia afectará a nuestro sector, aunque cabe la posibilidad de que los políticos –embarcados en un tedioso y largo rifirrafe- se olviden de pergeñar nuevos “inventos” legislativos que, a la postre, casi nunca resultan positivos para la rentabilidad del transporte de mercancías por carretera.
Sin embargo, la “agenda” de trabajo de las organizaciones miembro de la CETM y del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), comienza a estar repleta de asuntos que será preciso resolver, no sin esfuerzo y complejas negociaciones.
El grado de cumplimiento del Acuerdo firmado el pasado 13 de noviembre entre Hacienda y el CNTC sobre la devolución del “céntimo sanitario” ocupa en estos momentos toda la atención de los responsables de las diferentes asociaciones de transportistas, quienes ya han solicitado a Miguel Ferre, el “segundo” de Montoro, todos los datos.
De las opiniones que ha recabado esta publicación en las sedes territoriales de la CETM, se deduce que la lentitud es la tónica general, y la disparidad en los porcentajes de devolución es más que patente, en función de la región donde se trate. Sin duda alguna, las Agencias Tributarias se han visto totalmente desbordadas ante la avalancha de expedientes, que parecen superar con creces el medio millón.
Está claro que el citado Acuerdo les ha cogido con “el paso cambiado”, y no son sólo los transportistas quienes reclaman. Influye sobremanera la forma de presentar la reclamación: la mejor vía es Internet, porque los “papeles” se amontonan, “molestan”, en esta era donde el “dios” de la informática es omnipotente. Las Diputaciones Forales de Navarra y el País Vasco constituyen un problema aparte; con competencias plenas en materia fiscal y tributaria, han hecho caso omiso, por el momento, a las peticiones de los transportistas, con no pocas maniobras de distracción.
Hacienda no ha cumplido su compromiso de devolver el 80% antes del pasado 31 de diciembre, aunque es cierto que trabaja sin pausa en el mismo, consciente de que los retrasos llevan aparejados un incremento de la cuantía a devolver, pues los intereses se acumulan.
Otro de los frentes donde tendrá que lidiar nuestra Confederación es la modificación de las masas (pesos) y dimensiones. La presión ante la Administración, por parte de los cargadores y la gran industria es brutal. Los primeros ya no se recatan en pedir abiertamente no solo una altura de 4,5 metros y la libre circulación de los “megatrailers” (hasta 70 Tm), sino que pretenden la instauración inmediata de las 44 Tm, de las que parecían haberse “olvidado”. Por su parte, la Dirección General de Tráfico prepara ya otro borrador (sería el tercero) más elaborado sobre el tema, que seguramente deparará alguna sorpresa desagradable.
Cabe señalar que la Comisión de la UE está elaborando una Directiva con medidas paliativas (referidas a la aerodinámica, por ejemplo) que no entra de lleno en el problema y que en la práctica no impedirá que cada país legisle según sus intereses, sin que se produzca una verdadera armonización. Más le valdría a la Comisión vigilar determinadas políticas proteccionistas que no hacen sino conculcar el principio de libre circulación de personas y mercancías en el seno de la UE. Nos referimos, por ejemplo, al denominado “salario mínimo alemán”, que afectará a empresas y conductores españoles, a las prohibiciones de pernoctar en cabina durante el descanso semanal normal, de Francia y Bélgica y a las tasas adicionales “solo para extranjeros” que circulen por determinadas vías, en otros países.
La modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), se perfila como otro de los puntos calientes de esta agenda, un asunto que debería estar más que resuelto a estas alturas de la legislatura. Quedan, evidentemente, otros temas, aunque hemos señalado los más destacados y urgentes. La última incógnita en esta “agenda” es saber en detalle el coste de los créditos blandos que el Banco Europeo de Inversiones y seis entidades financieras españolas van a destinar para la compra de vehículos, con un importe total de 900 millones de euros.
Revista Transporte Profesional
Número 347 - Febrero 2015
Este artículo completo ha sido publicado en la revista Transporte Profesional
Número 347 - Febrero 2015