REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Veremos si su difícil y para muchos incierto cumplimiento no lastra la economía nacional hasta el punto de ahogarla, porque la palabra “crecimiento” no figura en programa alguno; menos aún, las ideas para combinar austeridad y generación de empleo.
Les voy a hablar del déficit del transporte, un tema sin duda manido, pero que cada día cobra más actualidad. Nuestro sector tiene un enorme déficit de financiación y de actividad; le sobran, en cambio, morosidad e impuestos.
El Gobierno no acaba de “parir” la fórmula mágica para que la reforma bancaria dé a luz finalmente créditos para autónomos y pymes, fundamentalmente. Se recortan, además, los créditos ICO, aunque en realidad da igual que no lo hagan, porque antes tienen que “pasar” por el filtro del banco, quien rechaza a priori cualquier asunto que venga con el vocablo “transporte” en su membrete.
Tenemos un exceso de oferta, motivado por el descenso imparable del consumo (el aumento del paro es estratosférico), que no logra equilibrarse por más empresas que echen el cierre o autónomos que abandonen la profesión. Y contamos con uno de los mayores déficits en cuanto a consideración, de respeto, con los colegas de profesión. Ya no es sólo que se tiren los precios por las alcantarillas, si no que se crean falsas cooperativas y se producen situaciones “irregulares”, como en el lavado de cisternas, por ejemplo, como ha denunciado CETM Cisternas: el lobo del transporte es el propio transportista.
La otra cara de la moneda es también una cruz, porque, aparte de déficits, tenemos “excesos”, como el de la morosidad y los plazos de pago, además de una galopante subida de la fiscalidad.
Sobre la primera cuestión, el nuevo director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, ha declarado a esta publicación que no se modificará la Ley de Contrato de Transporte Terrestre (con la pretensión de incluir además de la citada morosidad el pago a los 30 días), como tampoco se esperan cambios de importancia en la LOTT, al menos referidos a los ya pactados anteriormente con el Comité Nacional, sobre el Baremo Sancionador entre otras cuestiones, que estimaba una reducción en la cuantía de las sanciones de un 30%, aproximadamente.
Sí quiero destacar que Del Moral pretende introducir alteraciones para mejorar la competitividad y la eficacia empresariales, mediante el incremento de la dimensión de las empresas y su margen de actuación para adaptarse a la demanda, empeños loables, aunque no fáciles.
¿Y qué me dicen de la fiscalidad? Prácticamente todo el país está bajo la bota del “céntimo sanitario”, aunque (todavía de forma tímida) algunas Comunidades Autónomas, como Castilla La Mancha y Baleares, han decidido exonerar al transporte de esta tasa.
Un impuesto arbitrario que desaparecerá el próximo año, pues el Gobierno plantea derogarlo, acuciado sin duda por un dictamen de la Comisión Europea que le instaba a eliminarlo, amenazando además con demandarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE, quien ya entiende de este asunto. Una condena en contra de este alto Tribunal supondría la devolución a los consumidores de más de 5.000 millones de euros, según algunas fuentes. Pero detrás del “céntimo sanitario” se esconde el “céntimo verde”, auspiciado tanto por nuestra Comisión Nacional de la Energía como por el Parlamento Europeo; de una u otra forma, más de 5 céntimos de euro por litro de combustible.
Por último, no quiero dejar de mencionar el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros que pretende intensificar la lucha contra el fraude. Una de sus medidas consiste en la exclusión del régimen de módulos (régimen de estimación objetiva), para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a los 50.000 euros anuales. En la práctica, afectará a todos los autónomos del transporte. A falta de un estudio sobre cómo puede afectarles esta medida, solo decir que cambiará, a buen seguro, la actual estructura de relaciones contractuales en el sector. Hablaremos.