Nos parece correcto que el Gobierno inste la puesta en marcha del PEI, por cuanto significa para el conjunto de nuestra economía; estas obras públicas precisarán de camiones y maquinaria y de personal para su manejo, además de generar empleos adicionales. Pero este nuevo Plan vuelve a demostrar lo que ya sabíamos: la apuesta sin ambages por el ferrocarril, sin entender cabalmente la realidad de la importancia que tienen los diferentes modos de transporte en nuestro panorama socioeconómico.
Por otra parte, el retraso, en cuanto a instalaciones y modernización se refiere, del transporte de mercancías por ferrocarril, es patente; desde hace 20 años no se ha hecho prácticamente nada. Y para poco van a dar los 3.000 millones de euros de inversión previstos. Ampliar estaciones para trenes de 750 metros, construir nuevas vías, enlazar con centros logísticos, puertos y aeropuertos, mejorar nudos de conexiones…, suponen gastos faraónicos para los que, evidentemente, no hay presupuesto, ni probablemente capacidad de más endeudamiento público. Las obras son competencia directa de Adif, pero luego deben rentabilizarse, en este caso por Renfe Mercancías, ofreciendo a los clientes calidad, precio y servicio adecuados. Mas no parece que sea ésta la política comercial de la compañía pública. Sin ir más lejos, la Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC), ha interpuesto una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, quien ha fallado dando la razón a esta última, estimando como probado la competencia desleal del organismo público, pues ha subido los precios de forma desorbitada y sin que medie justificación alguna. La sentencia habla, además, de un claro abuso de posición de dominio. Estamos en lo de siempre; en vez de reducir costes y racionalizar sus actividades para trabajar con precios razonables, Renfe Mercancías opta por la vía de estrangular comercialmente a los operadores privados. ¿Acaso quiere paliar la escasez de inversiones y financiación con esta medida?
Hablando de financiación, no queremos dejar de mencionar los tan anunciados nuevos créditos ICO para PYMES de hasta 200.000 €, aunque esta vez el 100% del riesgo será asumido por el propio Estado. La fecha prevista para el acceso a los mismos es el 15 de junio, aunque antes deberá seleccionarse una entidad financiera mediante concurso público, que será quien canalice las operaciones. Pero nada se dice de en qué condiciones se darán los créditos; sólo sabemos que se podrán beneficiar únicamente empresas “solventes”. Las entidades bancarias consultadas por esta publicación dicen no tener información al respecto. ¿No estaremos ante un nuevo “globo-sonda” lanzado por el Ejecutivo para distraer la atención de los sufridos contribuyentes, incluidos lógicamente los transportistas? Precisamente a miles de empresas les vence el próximo mes de julio el aplazamiento concedido hace ahora un año de las cuotas a la Seguridad Social. Mal momento para ponerse al día. El sector continúa estancado en el pozo del desastre. Y es curioso constatar que a pesar del ligero repunte de la actividad en los primeros meses del año, las pérdidas se han incrementado. ¿Cómo es posible? Se han hecho más kilómetros, sí, pero a un precio mucho mayor, debido a la subida del combustible; y también han caído un poco más las tarifas.
Por el momento, el ministerio de Trabajo no es, en principio, partidario de prorrogar por dos años más el diferimiento de las cuotas a la SS, fruto de los Acuerdos de junio de 2008. Es más, este Departamento ha señalado que está dispuesto a negociar individualmente el aplazamiento con aquellas empresas que así lo soliciten, pero habría intereses. Hay que señalar que el Sector no pretende obtener ventajas exclusivas al respecto, en detrimento de otros sectores; únicamente se trata de extender el plazo para aquellas empresas que han venido cumpliendo sus obligaciones tributarias y que ahora están en dificultades. Es de agradecer que Fomento se haya comprometido aseguir insistiendo con Trabajo, en su línea de colaboración con sus administrados.