Ha sido el aldabonzazo más sonado a un Gobierno que ha pergeñado la política más errática e incomprensible de las últimas legislaturas. De todas las medidas adoptadas por los diferentes Estados de la UE, el plan de ajuste español es el más drástico, en cuanto a la inclusión de recortes, según el análisis de los expertos. Un plan, como se sabe, obligado por los estamentos internacionales, que debiera haberse acometido mucho antes y, muy probablemente, con otros ingredientes.

 A estas alturas se ha ido a lo más fácil y rápido: meter mano a las pensiones y rebajar el sueldo a los funcionarios (esto último se viene haciendo en otros países), aparte de la subida del IVA previamente anunciada. Se recortará el déficit, sí, pero si no se acometen prontamente otras cuestiones, como la reforma laboral, con o sin acuerdo sindicatos-patronal, además de apostar por aquellas que favorezcan la inversión empresarial y porque de nuevo fluya el crédito a las pymes. Veremos si no es peor el remedio que la enfermedad.

 En primer lugar, una minoración de ingresos –de los colectivos citados, en principio-, más una subida de precios generalizada (por el incremento del  IVA), conllevarán menos gastos, menos consumo y, por ende, bajará la producción, las importaciones y la distribución de mercancías, con lo que el transporte sufrirá un daño colateral, al que debe añadirse el derivado del recorte de inversiones en obras públicas, parámetro generador de empleo como pocos, aunque el ferrocarril seguirá contando con la atención estatal, según nos recuerdan desde Fomento.

 Otro de los ingredientes clave en toda economía, el índice de confianza, está por los suelos. Sin confianza, sin un mínimo de seguridad, empresas y particulares “no mueven ficha”, por no saber a qué atenerse; de ahí que se esté propugnado la reforma laboral antes mencionada, como pieza clave de este tablero de ajedrez, en el que nuestro sector está en “jaque” en estos momentos. Prueba de ello son las conclusiones de las diferentes asambleas generales celebradas en el pasado mes de mayo, de las que nos hacemos eco en este número: CONETRANS, CETM Cisternas, CETM Portavehículos y ACTE (Centros de Transporte y Logística), sin olvidar la entrevista mantenida con el presidente de la Confederación, Marcos Montero, quien augura una reestructuración dolorosa y en profundidad (ya se está produciendo) de nuestras empresas.

 Salen de nuevo a la palestra los viejos fantasmas de la falta de crédito, no sólo para los clientes “dudosos”, sino también para los que cumplen con sus obligaciones; de la morosidad latente e in crescendo; de las dificultades que se están produciendo para conseguir un diferimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y de un plan Vive para industriales; del problema de las falsas cooperativas; del apoyo –ya lo hemos comentado- de Fomento al ferrocarril; de la incomprensión de las administraciones públicas; de la destrucción de las cuentas de resultados, y de la subida imparable del combustible. Por cierto, que se habla ya de la introducción de un nuevo “paquete” fiscal, que bien podría tener como protagonista a los impuestos especiales, entre los que se encuentra el combustible. La puntilla a un sector que en estos momentos de debilidad no es capaz de repercutir incrementos de costes a sus clientes.

 Sí, es probable que bajemos el déficit, pero la recuperación será mucho más lenta. Por otra parte, existen cientos de partidas –en los gastos de la Administración central y las CCAA y corporaciones locales-, donde bien se podría meter la tijera. ¡Ah! Y no se olviden ustedes de la próxima normativa del Banco de España, que vendrá a acentuar la sequía del crédito.