La Ley de Sostenibilidad (en proyecto aún) no va a cambiar nada, al menos de forma inmediata, ya que no será una realidad hasta 2013. Está en trámite parlamentario la modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, con dos temas de importancia: la obligación de pagar a los 30 días, por parte de la Administración, y de 60 días, para el resto de empresas. Incluye, además, la nulidad del “pacto en contrario”, que en la redacción de 2003 –fecha de publicación de esta Ley- no figuraba. Contamos, por último, con la reciente Ley de Contrato de Transporte, que establece el pago inmediato del servicio, incurriendo el cliente en mora si transcurren más de 30 días. El pacto en contrario –recordamos- se considerará nulo en los casos que tenga un contenido abusivo en perjuicio del transportista. ¿Qué falta entonces, para terminar con esta lacra? Probablemente, legitimar a las asociaciones de transportistas para que puedan actuar en defensa de sus asociados, ante los clientes que de forma renuente incumplan sus obligaciones, porque la realidad del mercado está ahí. El hecho palpable es que los retrasos en los cobros suponen una sangría enorme para la viabilidad de las empresas.

Si, ya sé que ante todo no debemos olvidar el problema de los precios, un auténtico suicidio que por ahora están pagando sólo los transportistas, pero que a la postre afectará también a los cargadores, si continúan aprovechándose de la situación, como se puso de manifiesto en las juntas directivas de CETM y CONETRANS celebradas a finales del pasado mes de marzo, y que resumimos en este mismo número.

JAVIER BARANDA es editor y director de la revista Transporte Profesional

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