Seguimos hablando de los créditos, porque el Banco de España prepara una nueva normativa contable (en proceso de consulta en estos momentos), que puede suponer un recorte de la financiación que conceden las entidades bancarias. La idea es que bancos y cajas incrementen sus dotaciones bancarias destinadas a proteger aún más sus riesgos, hecho que derivará en una restricción de las condiciones de financiación.

En varias ocasiones hemos criticado el “comportamiento” de las líneas ICO de crédito, da igual que sean de las denominadas “Liquidez” o cualesquiera otras, pues a la postre son las entidades financieras quienes deciden si las conceden o no, en función del crédito que les merezca el cliente.

Pero lo expuesto anteriormente sólo es válido cuando las cooperativas desempeñen su actividad de acuerdo a la normativa vigente. Desgraciadamente, el número de cooperativas de trabajo asociado que actúan de manera irregular ha crecido en los últimos años, probablemente ante la necesidad de que los socios no tuvieran que disponer de la capacitación profesional necesaria y evitar además constituir una empresa con la dimensión mínima exigida.

Las cooperativas, tanto de transporte como de trabajo asociado, son estructuras empresariales que buscan a través de la asociación de personas físicas o jurídicas generar riqueza y empleo. Además, al prescindir la cooperativa de la figura del empresario, convertido en esta ocasión en socio-cooperativista, se produce el ahorro del beneficio empresarial que le correspondería, pasando a distribuirse los resultados obtenidos entre los socios de la misma.

En nuestro número de abril publicábamos un artículo sobre el último proyecto de la Ley de Puertos, consensuado entre PSOE y PP, que puede suponer, de hecho, la liberalización de la estiba en los puertos. Aparte de la propia actividad portuaria, uno de los estamentos más beneficiados serían los transportistas, pues se establece un nuevo régimen de autoprestación y la exención a los actuales estibadores de la manipulación de la carga rodada. Este trabajo sería realizado por el personal de las navieras o bien por trabajadores cualificados de las empresas de transporte. Bien, sabíamos que la cosa no iba a resultar tan fácil, pues en el centro de esta “marabunta” (seis años ya de negociaciones) están los sindicatos, quienes no sólo han mostrado su disconformidad, sino que irán a la huelga este mismo mes con paros intermitentes antes del indefinido. No es cierto, como dicen, que peligren 1.500 puestos de trabajo, pero ahí están. La “retranca” viene por aquello de qué hará ahora el Gobierno. ¿Lo que viene haciendo?

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Esta vez es la “refinitiva” para el desbloqueo de las negociaciones que se vienen manteniendo desde hace años con los sindicatos sobre el II Acuerdo General Laboral. El próximo 5 de mayo es la fecha clave para llegar a un consenso definitivo. En estos momentos todavía persisten 21 puntos sobre los que no se ha alcanzado un acuerdo; sin embargo, de éstos, podría decirse que 6 son los realmente conflictivos. Hablamos del problema de los carretilleros; de la jornada laboral; del régimen disciplinario; de la jubilación parcial; del tiempo parcial y de los derechos sindicales. Se supone que el resto debe resolverse con relativa facilidad. En el caso de que no se consiga, la patronal elaboraría una última y definitiva propuesta con las aportaciones –también definitivas- de los sindicatos, que posteriormente sería remitida a éstos. Su respuesta, sin más preámbulos, debería ser afirmativa o negativa a todo el conjunto. Si es positiva se firmará el II Acuerdo; si la respuesta es “no”, se romperán definitivamente las negociaciones.

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Un vez más, Tráfico, en lugar de flexibilizar la circulación y de eliminar trabas al transporte de mercancías por carretera en estos momentos de crisis, continúa poniendo trabas al sector. La irresponsabilidad de generar confianza entre nuestras empresas, que adquirieron compromisos comerciales que después no pudieron cumplir, no sólo ha producido perjuicios económicos, sino también de deterioro de imagen para la organización.

La Dirección General de Tráfico ha publicado este año una resolución que por primera vez incluía restricciones a la circulación de mercancías peligrosas en todas las comunidades autónomas en lunes posterior a Semana Santa, el pasado 5 de abril. Esa fecha únicamente era señalada como día festivo en cinco comunidades autónomas, pero la resolución ampliaba la prohibición al tráfico en todo el territorio nacional.

Ovidio de la Roza: el vicepresidente de la CETM, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), de Conetras y de Asetra ha sido reelegido por cuarto mandato máximo dirigente de la organización provincial. Entre sus objetivos destaca la construcción la nueva sede de Asetra en los terrenos de la Zalia.

 por María Fernanda Martínez Sierra

Al ministro de Fomento le pone la alta velocidad. El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), presentado el mes pasado por el Gobierno, servirá, en palabras de José Blanco, para construir nuevas infraestructuras de transporte durante los dos próximos años bajo un nuevo modelo de colaboración público-privada.

Al servicio de la logística

Nuestro país, como los principales países europeos, sólo da para una gran feria de logística internacional. La suspensión esperada de Logitrans confirma nuestra teoría de que en momentos de crisis, o sin crisis, los sectores sólo pueden tener una gran feria de carácter internacional. La obsesión de copiar salones consolidados como el nuestro, que va a cumplir 12 años de vida, es un error absoluto que debilita a España desde un punto de vista logístico, y lo acaban pagando las empresas.

Hablamos del Certificado de Actividades, conocido por "Leave Letter", cuya utilización está planteando no pocas dudas a los interesados.

Un plan de ayudas para industriales

El sector de la automoción lleva más de dos años sufriendo de lleno el impacto de la crisis, un hecho que se aprecia en las fuertes caídas de ventas que se produjeron (en 2009 se desplomaron un 17,9%) hasta la entrada en vigor del Plan 2000E, que “estabilizó” parcialmente el mercado de turismos.

La economía española se mantiene, junto con la griega y la irlandesa, a la cola del crecimiento de los países desarrollados. Esto es debido a que la actividad sólo crece gracias a las ayudas fiscales, a que el mercado financiero no aporta soluciones reales, mientras que la confianza de los consumidores sigue por los suelos y el mercado laboral, que es sin duda el principal obstáculo para la recuperación, no sólo no mejora sino que todavía seguirá empeorando durante unos meses. Ante esta falta de claridad de cara al futuro, se hacen necesarias herramientas que aporten soluciones a las muchas necesidades que tienen las familias y las empresas en la situación actual. Sólo la aplicación de medidas realistas, como flexibilizar el mercado laboral y mejorar la productividad y la competitividad, incrementar la inversión en infraestructuras, reducir (nunca aumentar) la fi scalidad y facilitar el acceso a la financiación, entre otras muchas, reducirán los desequilibrios de los últimos años y nos llevarán de nuevo a la ansiada y necesaria senda del crecimiento.

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A estas alturas de la película que estamos viviendo, es inconcebible que determinadas organizaciones de transportistas (Confedetrans y Fenadismer, por qué no ponerles nombre) puedan plantear una modificación del régimen de autorizaciones de transporte (están en su derecho, es evidente), de tal forma que podría considerarse como una auténtica desregularización. Porque equiparar la autorización del ligero con la del pesado; eliminar los tres vehículos y las sesenta toneladas exigidas para acceder a la profesión y tocar temas como la antigüedad o la transmisibilidad de forma harto más que curiosa, constituyen una carga de profundidad que bien podría interpretarse como la regularización de situaciones anómalas, al amparo de estas pretensiones. Cualquier modificación al respecto debe hacerse siempre desde la más estricta legalidad. De lo contrario podemos encontrarnos con problemas añadidos, agravando actualmente la difícil situación de nuestras empresas.

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Después de haber sufrido durante los últimos años la peor y más larga recesión desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, parece que, por fin, la recuperación económica ha comenzado a sentirse, aunque su intensidad varía entre las distintas zonas del mundo. En Asia, con China a la cabeza, la actividad económica es tan intensa que hasta existen ciertos temores a causa de la posible inflación. Japón, aun con el mercado interior por los suelos, está aprovechando el tirón de sus vecinos. Por su parte, Estados Unidos lidera la mejoría en occidente, aunque todavía no ha conseguido recuperar completamente su mercado laboral. América Latina permanece estable, y su recuperación no es más rápida como consecuencia de su inestabilidad política. Finalmente, la Unión Europea, liderada por Alemania y Francia, ha consolidado durante el primer trimestre la salida de la recesión y ya se prevé un crecimiento, aunque modesto, del PIB para el año 2010.

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No hay dinero. Las administraciones locales se quejan de falta de liquidez y bien podría afi rmarse que no pocas están en quiebra. A la nula entrada de ingresos se une el parco recorte de gastos, por lo que es urgente buscar nuevas vías de financiación, ingeniándoselas para aplicar todo tipo de nuevos impuestos y tasas. Aparte de los Ayuntamientos, tenemos también el grave problema de las Comunidades Autónomas, en lucha permanente con la Administración central para llevarse una parte del pastel, pero el Estado acumula un déficit superior al 11%, cifra muy elevada pero que no tiene que envidiar a la de las CCAA. Ahora le toca el turno al País Vasco, quien enseguida ha visto un suculento ingreso en el peaje del puerto de Echegárate.

El problema es que este peaje no afecta sólo a los ciudadanos de esta Comunidad, sino a todo aquél transportista (por el momento) que no tenga más remedio que realizar esta ruta. Un impuesto más para la carretera que tiene un peligro añadido: la imitación.

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El problema de la morosidad constituye la primera causa de insolvencia entre las pequeñas y medianas empresas. Numerosos empresarios se encuentran al borde del concurso de acreedores debido al aumento de impagos, los retrasos y las prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que representan una amenaza para autónomos y pymes.