REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados estudia la modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, sobre morosidad en las operaciones comerciales. Si se logran rebajar en la práctica estos periodos de pago, una inyección en el tejido empresarial de casi 19.000 millones de euros, según informa la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).
La semilla de la discordia para aprobar la modificación de la Ley es la introducción o no de la cláusula ‘salvo pacto en contrario’. En este aspecto, el transporte de mercancías por carretera puede considerarse privilegiado respecto a otros sectores de actividad porque la nueva Ley de Contrato de Transporte protege a nuestros empresarios al anular el pacto en contrario si tiene un contenido abusivo en perjuicio del porteador.
Pero a pesar esta novedad, la medida resulta a todas luces ineficiente. Para hacerse efectiva la nulidad del pacto en contrario, el empresario debe denunciar al cargador, algo que en la práctica no efectúa por miedo a perder la relación comercial con su cliente. Por este motivo, las organizaciones profesionales han pedido que se les legitime para presentar acciones colectivas exigiendo el cumplimiento de la Ley en defensa de sus asociados. No obstante, desde que una ley entra en vigor hasta que es asimilada por la realidad social a la que se dirige, transcurre mucho tiempo, a veces, demasiado. Por ello, estas modificaciones deben apoyarse con medidas de reestructuración del sector que contribuyan a mejorar su capacidad de negociación con sus clientes, lo que sin duda les ayudaría a superar más rápidamente la delicada situación en la que se encuentran a causa de la crisis.