El artículo 87, apartado 1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea dice textualmente: "… serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".

Con este telón de fondo fue con el que la Comisión Europea introdujo la norma de mínimis. Así pues, se consideran ayudas de mínimis aquellas que no son consideradas Ayudas de Estado, lo que hace innecesaria la autorización previa de la Comisión Europea para su concesión dada su pequeña cuantía. Para su regulación se dictó el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

En el mismo se señala que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa no superará los 200.000 euros en un período de tres ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el estado miembro, pero con varias excepciones. Una de ellas relacionado con el transporte por carretera, que limita la cantidad a la mitad, 100.000 euros.

Con el fin de prevenir abusos, sólo se pueden incluir en el régimen de minimis las ayudas que sean consideradas transparentes, que es aquella en la que es posible determinar previamente y con precisión su importe exacto, sin que sea necesario efectuar un análisis de riesgo. Están sujetas a este régimen de minimis, por ejemplo, las ayudas que se conceden para la adquisición de vehículos eléctricos.

¿Te ha interesado esta noticia? - Suscríbete y recibelas en tu correo

 

Estoy de acuerdo con el Términos y Condiciones

Servicio de noticias de Transporte Profesional