El Gobierno español ya reconoció en su día que el principal “riesgo de rechazo” lo recibiría por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en cinco veces establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto. Pero el Gobierno es consciente que es una medida muy impopular entre la ciudadanía española, ya que es rechazado por más del 80% de la población según diferentes encuestas realizadas al respecto.

Por ello, para evitar su implantación de forma unilateral, durante las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana el pasado mes de diciembre, se arrancó el compromiso de no aprobar dicha media sin el consenso previo con el transporte de mercancías por carretera.  

Aprobado el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible

Conforme a dicho compromiso, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, renunciando a su propuesta inicial de aprobar dicha medida recaudatoria. En su lugar, el anteproyecto de ley se limita a incluir una previsión sobre su voluntad de llevar a cabo un estudio sobre diferentes alternativas posibles para poder financiar la red de carreteras de alta capacidad que tenga en cuenta “criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental”, cuya implantación, en todo caso, tendría que estar condicionado “a un amplio consenso social y político” y ajustado “a las circunstancias económicas concurrentes”, según se recoge de forma expresa. 

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