Este “gato” ha crecido en los últimos tiempos, tanto que algunas fuentes hablan de más de 15.000 “socios” en toda España, muchos de ellos radicados en cooperativas inscritas en la CCAA de Valencia, donde la norma permite determinadas licencias. Estas “sociedades” compiten con costes sensiblemente inferiores a los de cualquier empresa de transporte, distorsionando la competencia hasta extremos inimaginables.

¿Quién puede parar, poner el cascabel a este gato salvaje? La inspección es la respuesta. Pero no sólo de Hacienda, de la Agencia Tributaria; no sólo de Trabajo y Seguridad Social; debe participar de forma activa Fomento y los departamentos de Transporte de las diferentes CCAA, en una acción conjunta y coordinada. De lo contrario, poco se podrá hacer. Y ojo con las voces que reclaman una amnistía general. ¿Acaso se pretende equiparar a los ilegales con los que cumplen religiosamente sus obligaciones?

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