REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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¿Cómo definiría usted la situación socioeconómica de la CA de Extremadura, en estos momentos?
La situación socioeconómica extremeña es de una máxima austeridad y prácticamente de planteamiento, desde un punto de vista empresarial, de una economía de subsistencia en la cual las empresas buscan tan sólo el tratar de sobrellevar la actual situación económica a la espera de un cambio que es cierto que comienza a dibujarse en el futuro, pero que aún no ha producido una mejora perceptible en la economía regional extremeña.
¿De qué forma esta situación le está afectando al transporte de mercancías por carretera?
De una forma grave y profunda, afectando en primer lugar a las perspectivas de mantenimiento de las empresas, de la inversión para renovación o mantenimiento de flotas y en las dimensiones de las plantillas de trabajadores en las empresas de transportes. La crisis económica y la falta de un aumento de las toneladas a transportar, impiden a las empresas emprender actuaciones tendentes a mejorar sus estructuras y las ancla en una actitud tremendamente conservadora que busca tan sólo el mantenimiento de la estructura empresarial bajo mínimos.
¿Cuántas empresas (en número o porcentaje) han desparecido desde el comienzo de la crisis, en 2008, en esa Región?
En relación al tejido empresarial extremeño con carácter general lo desconozco; en lo referente a las empresas de transporte público de mercancías desde el 2008 hasta ahora han desaparecido más de un 30% de las empresas extremeñas.
¿Cómo ha afectado el cobro del "céntimo sanitario" a los transportistas extremeños? ¿Qué acciones está llevando a cabo Asemtraex para la reclamación de los importes indebidamente cobrados?
El "céntimo sanitario" ha afectado a los transportistas extremeños gravando su actividad con un impuesto a todas luces injusto que en el tramo autonómico se ha traducido en 2 céntimos por litro en el 2º semestre de 2011 y en 4,8 céntimos por litro en el 2012, si bien es cierto que desde Asemtraex, a través del denominado gasóleo profesional, se logró la devolución de 3,8 céntimos por litro del tramo autonómico en 2012. En relación a la actividad realizada por Asemtraex para la reclamación de los importes indebidamente cobrados, la misma está consistiendo en una información en profundidad a todas sus empresas asociadas sobre los mecanismos que pueden utilizar para solicitar dicha devolución -vía circulares y e-mail- y en la contestación a las preguntas planteadas telefónicamente, lo cual ha originado prácticamente el colapso de nuestras líneas telefónicas ante la avalancha de consultas planteadas.
¿Cómo está el capítulo de la Formación? ¿Cuenta la asociación con ayudas, por parte de Fomento y de la Junta de Extremadura? ¿Son suficientes para cubrir las necesidades de los asociados?
La actual situación de la formación en el transporte en Extremadura se puede clasificar de absolutamente insostenible, pues se ha pasado de un sistema que permitía la articulación de dichas necesidades y la realización de la formación por parte de los interlocutores sociales más representativos (asociaciones empresariales y sindicatos) y con conocimiento profundo del sector, a un sistema de contratación directa por la administración regional a través de la Consejería de Fomento, en la cual prima el criterio económico por encima de cualquier otro, influyendo esto en la calidad del mismo y en una distribución de los recursos de una forma que no consideramos la más apropiada y que en la práctica supone que gran parte de las partidas destinadas a dicha formación resulten finalmente inaplicadas. Pedimos al Gobierno de Extremadura que articule un sistema que permita la partición directa en la impartición de la formación por parte de las asociaciones empresariales y sindicales como organismos sociales que representan al sector del transporte y que conocen perfectamente sus necesidades en materia formativa.
¿Qué opinión le merece la Red Regional de Centros de Transporte de esa CA?
La Red de Centros de Servicios al Transporte de Extremadura supuso un logro para el sector tras muchos años de luchar por ello, logro que potenció al transporte y que permitió nuevos servicios al mismo, a precios asequibles al primar en su explotación el concepto de servicio público por encima de criterios económicos.
En diciembre de 2013 se ha producido la adjudicación de la explotación de dichos centros a una nueva empresa adjudicataria, en un concurso en el cual han primado los criterios económicos por encima de otros planteamientos mediante el establecimiento de un canon de explotación.
Esperamos y deseamos que dicho cambio en los criterios de adjudicación no suponga una merma en la calidad de los servicios prestados a los transportistas ni un aumento significativo en el coste de los mismos y así se lo hemos trasladado desde Asemtraex tanto a la Administración como a la nueva empresa adjudicataria.
En repetidas ocasiones, ustedes se han quejado de la labor inspectora que realizan las autoridades de la Junta, ¿qué problemática existe al respecto?
Entendemos que la misma que a nivel nacional, en una situación como la actual, con las empresas al borde de su cierre, la labor de la inspección debe ser ante todo selectiva para evitar el intrusismo y las prácticas que distorsionan la competencia entre las empresas legalizadas. Por ello entendemos que la actualidad la labor de la inspección de transportes en Extremadura debe desarrollarse con una sensibilidad especial hacia esas empresas y su situación económica y sin que en ningún caso se persigan otro tipo de fines que los anteriormente reseñados.
Los trámites administrativos parecen constituir un problema de considerables dimensiones en esa CA. ¿En qué consiste este problema y cómo podría atajarse?
El problema deriva del hecho de la continua complicación de la realización de cualquier trámite ante la Dirección General de Transportes que hace que un visado, solicitud de tarjeta, cambio de vehículo, etc., se complique cada vez más al exigirse nuevos y nuevos documentos: Entendemos que una administración moderna y con la aplicación de las nuevas tecnologías que permiten el intercambio de documentación e información entre las administraciones, debe suponer siempre la simplificación del trámite administrativo y no justamente lo contrario.