Hemos hablado tantas veces del tema que ustedes, apreciados lectores, recordarán sin duda el escrito que remitía allá por el mes de julio del pasado año el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, al presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González.
Nuestro sector es el muro contra el que golpean una y otra vez políticos, cargadores, constructoras y grupos de presión, convencidos de que lo aguanta todo y, lo que es peor, de que no se va a quejar más de la cuenta.
Saura se comprometía, en nombre del ministro José Luis Ábalos y en el suyo propio, a no implantar euroviñeta alguna (los peajes) al transporte profesional sin el consenso previo del sector. Ni que decir tiene que nuestro hombre, ya puestos a contar películas (otros las llaman simplemente argucias) adquiría otros compromisos, en relación con las 44 toneladas, la carga y la descarga, la devolución del céntimo sanitario (200 millones de euros) y del gasóleo profesional (mensual en lugar de trimestralmente).
Y para un tema que adquiría visos de salir adelante, como es el establecimiento de un régimen sancionador para luchar contra la morosidad, resulta que se acaban de presentar enmiendas para reducir la cuantía de las sanciones o incluso demorar hasta seis meses su entrada en vigor, con la excusa de la pandemia. Todos los esfuerzos y negociaciones realizados durante años, con amenazas de paro incluidas, lo que obligó al señor Saura a firmar el escrito citado, no han servido para nada.
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura se comprometía a no implantar euroviñeta alguna (los peajes) al transporte profesional
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas es una buena muestra de ello. De alguna forma se nos dice que la única manera de conseguir las ayudas prometidas es “dar algo a cambio”, que en este caso son los peajes; es decir, recaudar un dinero extra para poder devolver una parte de estas ayudas, porque en realidad son un préstamo y el Gobierno no tiene dinero para todo.
El problema añadido es que nadie sabe qué tipo de compromiso ha adquirido Sánchez con Bruselas, pero algo hay; de lo contrario, no se estaría trabajando en el anteproyecto de ley para aprobar los peajes lo antes posible, aunque se tarden dos o tres años en instalar las infraestructuras de pórticos y demás tecnologías.
El sector del transporte de mercancías y también el resto de los usuarios ya han enseñado los dientes, mostrado su cabreo ante la imposición de una fiscalidad doble, porque ya pagamos con creces la construcción y el mantenimiento de las vías (solo el transporte “colabora” con más de 11.000 millones de euros anuales en concepto de impuestos de hidrocarburos).
Todo el argumentario de políticos, constructoras y concesionarias de autopistas de peaje sobre la necesidad de plantear unas tasas no solo en las vías de alta capacidad, no se sostiene en absoluto. Hay mil razones en contra, que publicamos en este mismo número. Y qué fácil es poner una cifra, como los 19 céntimos por kilómetro para el sector del transporte, mientras que se habla de 1 céntimo (¿parece tan poco, verdad?) para el resto de los usuarios.
Qué sencillo parece que sea el transportista el que atraviese el peaje con su camión, pague y recaude este impuesto para el Gobierno y lo repercuta en la factura del porte a su cliente, el cargador, para que éste, a su vez, lo endose al consumidor final de sus productos. El Ministerio de Transportes puede ser cualquier cosa, menos torpe e ignorante, y sabe perfectamente que la posición de dominio de los cargadores, contra la que se lleva luchando de forma inveterada y tenaz desde hace años, no va a cambiar de un día para otro.
Como dice mi admirado colega Pérezcarro: “es como pedir que no haga frío en el polo”.
El Gobierno y tampoco los cargadores tienen credibilidad alguna. Sí la tienen, en cambio, los empresarios de transporte con lo que venimos hablando, cuando manifiestan que, de implantarse los peajes, “ya no valen medias tintas en las medidas de presión que haya que hacer para parar esta amenaza”.
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