Las organizaciones más representativas de los transportistas, el Comité Nacional de Transportes por Carretera y el Consejo Nacional de Transportes Terrestres, no fueron invitados al acto de toma de posesión del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Este ninguneo, lejos de ser un hecho anecdótico, viene a mostrar la exclusión, ya proverbial, del transporte por carretera como sector estratégico de nuestra economía. Sin embargo, días más tarde, Fomento rectificaba invitando a la CETM a la toma de posesión del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

Pero una vez más, el Gobierno ha perdido la oportunidad de crear un Ministerio de Transporte en el que la carretera y la logística, con el concurso de la multimodalidad, tengan un rol fundamental para vertebrar las diferentes áreas del conjunto de la actividad económica española, fortaleciendo a la vez nuestra presencia en Europa.

El Ministerio de Fomento, por su parte, tampoco ha sido capaz de pergeñar una Secretaría de Estado bicéfala, es decir, Infraestructuras y Vivienda, de un lado, y Transportes, de otro. Ha repetido el mismo error del Partido Popular, agrupando en una sola estas tres "patas". Y parece haber copiado, además, la instauración de la Secretaría General de Transportes, a cuyo frente estará María José Rallo, quien acumula veinte años de experiencia en Fomento, en temas relacionados con Transportes e Infraestructuras. Veremos qué política piensa aplicar y cómo será la composición de la Dirección General de Transporte.

Fomento es un "libro en blanco", en el que ya comienzan a escribirse sus primeras páginas. Gracias a una reciente interpelación parlamentaria (de la senadora de ERC, Laura Castel), su titular, José Luis Ábalos, desveló algunas de sus prioridades, que tienen que ver sobre todo con el "Paquete de Movilidad" europeo. Pretende luchar contra el dumping social, mejorando las condiciones sociales e integrando a España en la Alianza Europea por la Carretera (al contrario que el Gobierno anterior y en contra de la opinión de la CETM), para eliminar las prácticas desleales de las empresas buzón, ya que "generan beneficios de forma ilícita".

El acceso a la actividad de transporte preocupa también al ministro, quien desea "fomentar un sector fuerte y competitivo".

Para ello, una de las claves será la puesta en marcha de un Plan de Inspección más duro, en coordinación con Trabajo y Hacienda, a los transportistas no residentes en nuestro país. Quizás no era el momento, pero Ábalos no avanzó más planes ni hoja de ruta alguna sobre la política "nacional" de transporte por carretera.

El Gobierno ha perdido la oportunidad de crear un Ministerio de Transporte en el que la carretera y la logística, con el concurso de la multimodalidad, tengan un rol fundamental para vertebrar las diferentes áreas del conjunto de la actividad económica española

Por lo que respecta a la eliminación de los peajes, una medida aplaudida por el sector, parece estar clara la liberalización de la AP-1 (Burgos-Armiñón) cuya concesión finaliza el próximo 30 de noviembre; sin embargo, los tramos de la AP-7 (Alicante-Tarragona) y de la AP-4 (Sevilla-Cádiz), deberán esperar a que finalicen estas concesiones -a finales de 2019-, fecha en que se producirá "un debate sobre la sostenibilidad y viabilidad de la red pública”, como aseguran desde su Ministerio.

Quiero llamar la atención sobre otro de los grandes temas que preocupan a nuestro sector: la controvertida relación con los cargadores. Las negociaciones con los mismos están prácticamente rotas, pues han traspasado todas las “líneas rojas”, pero las presiones no cesan. La última andanada ha venido de la mano del Grupo para el Impulso de la Competitividad del Transporte, o “Grupo de los 27”, formado por grandes organizaciones empresariales, entre las que se encuentran las principales asociaciones de nuestros clientes, los cargadores. Bajo esta rimbombante y eufemística fórmula, han logrado convencer a la Oficina Española de Cambio Climático para que apoye la instauración de las 44 toneladas, amparándose en la reducción de los gases de efecto invernadero.

Por su parte, la gran patronal de los constructores y concesionarios de autopistas, SEOPAN, ha vuelto a arremeter contra el transporte profesional, culpándole del deterioro de las carreteras, además de reprochar al Gobierno la pretendida gratuidad de las autopistas de peaje. Con estas acciones y propuestas, no parece tener mucho sentido “seguir negociando con los transportistas”, parecen reflexionar nuestros cargadores.

Ah¡ Y no se olviden, estimados lectores, de la estiba. Tráfico ha pasado la “pelota” de la responsabilidad a los cargadores, pero habrá que estar atentos a las cláusulas de exención.

Y, lo más importante: les deseo un feliz y merecido descanso.