REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Bajo las excusas de mejorar la seguridad vial, reducir la congestión y disminuir las emisiones nocivas para el medio ambiente, se oculta un desmedido afán recaudatorio, por parte de Fomento y de las Comunidades Autónomas implicadas en el desvío obligatorio de los camiones a las autopistas de peaje. Por el momento ya son cuatro los tramos de pago afectados, en carreteras de La Rioja, Navarra, Valencia, Cataluña y Castilla y León, y existen otros tres más en estudio, en Galicia y Madrid.
Todo indica que ésta es la punta del iceberg de un “plan” que podría extenderse al resto del país.
Se trata de transvasar los camiones que circulen por la red convencional a las autopistas de peaje, con un descuento que puede alcanzar hasta el 75 por 100 del precio, pero sin garantizar que el mismo se mantenga en el tiempo, puesto que a la postre dependerá de los presupuestos; es decir, que nos podríamos encontrar pagando el coste total antes de lo que imaginamos. Por otra parte, los responsables de estas CCAA han negociado o han impuesto sus condiciones solo con una parte del sector directamente implicado -no con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC- sin tener en cuenta que los peajes obligatorios también afectan a los transportistas de otras regiones que utilizan esas vías.
Pero el caso del País Vasco, concretamente de Guipúzcoa, es totalmente aparte, pues su Diputación Foral pretende cobrar por utilizar varios tramos -hasta ahora gratuitos- de la N-I y la AP-15. Hablando en plata, esta doble imposición fiscal (el sector ya paga y en exceso las infraestructuras que utiliza), no es más que una Euroviñeta encubierta, cuando precisamente el Ministerio de Fomento ha decidido no implantarla. Claro está que Fomento se escuda en su falta de competencias en este territorio.
Más de 8.000 vehículos pesados que circulan diariamente por estas vías, en su paso obligado hacia Francia, deberán pagar unas tasas que duplican la media nacional del coste por kilómetro en una vía de peaje.
Se calcula en más de 30 millones de euros el ingreso extra que obtendrá la Diputación Foral por esta medida que, mucho nos tememos, no se destinará en su integridad a la conservación de la carretera. Así las cosas, a nadie le extrañaría que el Tribunal de Justicia de la UE decida -como acaeció con el “céntimo sanitario”, impugnarla y condenarla.
Mientras tanto, el sector ha “movido ficha”. La CETM y el resto de las organizaciones que integran el CNTC han paralizado la actividad de transporte del 2 al 5 de enero de 2018, en esta provincia vasca. Razones no le faltan.
El “malentendido” de los cargadores
No es del todo exacto que transportistas y cargadores hayan concluido sus negociaciones sin llegar a ningún acuerdo, a causa del rechazo de los primeros a la implantación de las 44 toneladas de MMA.
Las conversaciones no se han roto de forma definitiva, pero es cierto que la actitud de los segundos en la última reunión (el pasado 11 de diciembre) dejó un regusto amargo a los representantes de los empresarios de transporte.
¿A estas alturas del partido, ha habido malentendidos? ¿De verdad los cargadores piensan que el sector iba a aceptar las 44 toneladas sin ningún tipo de contraprestaciones serias? ¿Qué sentido tenía, entonces, el documento de 14 puntos que se les presentó como base para un entendimiento? ¿A qué estamos jugando? Existe, desde hace tiempo, un fuerte grado de incumplimiento, por parte de los cargadores, en los contratos de transporte, ya sean escritos o de palabra, y el sector está, y así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, totalmente en contra de aumentar la MMA, salvo que se den las condiciones adecuadas para ello.