Ha sido necesaria una convocatoria de paro de 72 horas, con la posibilidad real de transformarse en indefinido, para que se produjera un cambio copernicano en la postura intransigente y equivocada a sabiendas de Hacienda.
El pasado 27 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo dictaba sentencia firme contraria al Estado español, por la que declaraba ilegal el cobro del céntimo sanitario, puesto que incumplía la Directiva europea sobre fiscalidad, en concreto la referida a los impuestos especiales sobre hidrocarburos. Este varapalo al Gobierno suponía la devolución de más de 13.000 millones de euros, de los cuales unos 2.500 pertenecían a los transportistas.
Y Hacienda, como ya demostró en anteriores ocasiones (la Comisión Europea había cuestionado la legalidad del impuesto), no estaba dispuesta a pagar, por mucho que el ministro Montoro dijera que cumpliría la sentencia del alto tribunal, antes de que finalizara el año.
Un mes más tarde, Montoro envía un escrito a la Comisión Europea en el que cuestiona el cumplimiento de la Sentencia, amparándose en que ésta podría inducir a que España hubiera estado en un "nivel impositivo por debajo del mínimo exigido por la UE (la Directiva sobre impuestos de hidrocarburos), con lo que la devolución del céntimo sanitario podría constituir una ayuda estatal, vulnerando así la legislación comunitaria". La Comisión contesta al Gobierno que no es competente para pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, es decir, no se opone a la rebaja que pretendía hacer el Gobierno, pero ni mucho menos la autoriza.
El objetivo de Hacienda estaba claro: minorar, reducir en lo posible (entre el 40 y el 60 por 100, nada menos) la cuantía de la devolución del céntimo sanitario indebidamente cobrado. Además, Hacienda mintió, pues dijo a los transportistas que la Comisión le había autorizado a minorar los importes a devolver. Como más tarde se demostró y hemos señalado, esto era completamente falso.
Durante más de ocho meses, la CETM y CONETRANS, así como el resto de las organizaciones integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, han bregado con la Agencia Tributaria, han tratado de colaborar de forma leal en todos los aspectos técnicos, extremadamente complejos al parecer, para el cumplimiento eficiente y rápido de la Sentencia. ¿Y qué han recibido, en compensación? Todo tipo de engaños, dilaciones y cambios de criterio, al objeto de retrasar lo más posible el proceso de devolución, hasta que finalmente Hacienda hizo pública su decisión de "meter la tijera" sin cortapisas en el mismo, el pasado 27 de octubre. La reacción no se hizo esperar: al día siguiente, el CNTC decidía, por unanimidad (todas las asociaciones de transportistas), convocar un paro.
Cargados de razones, la protesta no obedecía, como en otras ocasiones, a una reivindicación de las muchas que se ha obligado a hacer el transporte, si no a la exigencia del cumplimiento de una Sentencia de la UE, que claramente declaraba nulo e ilegal el céntimo sanitario, en sus dos tramos: estatal y autonómico. Una postura ratificada por diversos tribunales superiores de justicia de nuestro país, ante quienes no han prosperado las demandas en contra, por arte de la Abogacía del Estado.
Hacienda ha tenido que retractarse de su error, justificando que quizás fuera también "errónea" su interpretación de la respuesta de la Comisión Europea, y el 13 de noviembre firmaba el acuerdo con el Comité. Pero ha sido necesaria una postura de fuerza para evitar que se vulneraran los derechos de los transportistas; una postura que, de haberse llevado a cabo, habría tenido nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad y la economía españolas. Bien está lo que bien acaba, porque se devolverá el ciento por ciento de lo ilegalmente cobrado (siempre con justificación), y con intereses, pero probablemente muchas empresas habrán tenido que cerrar, en este interín, en estos largos meses (años, en realidad) de espera.
¡Qué error, qué inmenso error!
Revista Transporte Profesional