Lunes, 17 Junio 2019

    Madrid Central: inseguridad jurídica y falta de compromiso

    Las asociaciones del sector del transporte integradas en la Plataforma de Afectados por Madrid Central, entre las que se encuentra CETM-Madrid, reclaman al Ayuntamiento de Madrid que, tal y como se comprometió en diciembre, aplace un año la entrada en vigor de las restricciones a los vehículos de transporte de mercancías de Madrid Central y, por otra parte, se fije un nuevo calendario que permite amortizar los vehículos nuevos que se adquieran según los estándares de emisiones vigentes.

    En este sentido, y de cara a la próxima reunión que mantendrán con los representantes de la administración municipal, que tendrá lugar a finales de marzo o principio de abril, desde la Plataforma se reclama al consistorio madrileño que cumpla con el compromiso adquirido por la alcaldesa de Madrid en la reunión que tuvo lugar el 18 de diciembre pasado, en la que se acordó retrasar un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, la entrada en vigor de la restricción que impedirá el acceso a Madrid Central de los vehículos sin etiqueta y con etiqueta B. Mientras que otras excepciones que afectan a otros sectores, esta sigue sin ser aprobada.

    Con este aplazamiento, las empresas podrán disponer de más tiempo, antes de renovar o ampliar flota, para evaluar y tomar decisiones en relación con los vehículos que emplean nuevas tecnologías y combustibles.

    La otra demanda es que no se implante ningún calendario con limitaciones de acceso mientras no se garantice que cualquier vehículo que se adquiera en estos momentos y que cumpla con los estándares ambientales actuales, tenga asegurada su utilización durante todo el período de amortización y vida útil del mismo.

    Furgoneta de reparto en Madrid Central

    Estas peticiones se han hecho públicas en una rueda de prensa en la que los representantes de las asociaciones de transportistas integradas en la Plataforma han argumentado lo que consideran que es “un ejemplo de la incapacidad de la administración municipal para gestionar de forma eficaz la problemática de la movilidad, poniendo en peligro el tejido socioeconómico de las pymes”.

    En este sentido, han denunciado que mientras las multinacionales y grandes franquicias instaladas en la Gran Vía ya cuentan con permisos extraordinarios para recibir mercancías durante la noche, estos permisos se les niegan a las pymes.

    Por otra parte, se han referido a las diferencias de criterio en relación con los vehículos contenidas en el Plan A contra la contaminación atmosférica y en Madrid Central, lo que genera inseguridad jurídica. La misma inseguridad que hay relación con los vehículos nuevos con etiqueta C, que conforman la oferta real disponible para renovar o ampliar flota, que no hay camiones Cero, ni oferta suficiente con etiqueta Eco para un amplio abanico de actividades.

    En cuanto a la carga y la descarga, el paso de las Áreas de Prioridad Residencial (APR) a Madrid Central ha incrementado un 136% la superficie con acceso horario restringido, con solo una hora más de tiempo. Esta situación implica que para mantener el mismo nivel de actividad habría que duplicar la flota dedicada a la distribución urbana de mercancías.

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