
Desde la CETM, aunque respeta las diferentes opiniones de otras organizaciones integradas en la CEOE -de cuya Junta Directiva forma parte-, consideran "inadmisible" la propuesta del Sr. Taguas en base a los siguientes criterios.
La asociación anuncia que tal implantación comportaría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española al encarecer el precio de los productos (el 85% se transporta por carretera) y dificultar las exportaciones como consecuencia de la situación periférica de España. A lo que añade:
“Se trataría de una medida inflacionista que afectaría de forma negativa al consumidor final, reduciendo su poder adquisitivo. En consecuencia, consideramos que esta medida lastraría todavía más la producción y el consumo, imprescindibles para salir de la crisis en la que nos encontramos, y que sería mucho más coherente aplicar una política de reducción de gastos en la Administración”.
Así mismo la Confederación Española de Transporte de Mercancías hace eco de ser una propuesta “tremendamente discriminatoria e injusta, pues incide de forma desproporcionada en el transporte de mercancías por carretera, principal consumidor de hidrocarburos en nuestro país”–añade-.
“El transporte de mercancías por carretera nunca aceptaría que la recaudación adicional resultante de la aplicación de una medida como ésta se utilizara para subvencionar otros sectores de actividad, según propone el presidente de Seopan, y en particular a otros modos de transporte menos eficientes para que compitan con la carretera en situación de ventaja, o bien para solucionar el inmenso agujero económico generado por las constructoras”, reitera la confederación.
La CETM confía en sus esfuerzos para solucionar esta situación por la que atraviesa el transporte de mercancías por carretera y que sirvan para eliminar cualquier posibilidad de conflicto.