REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La tramitación del nuevo Paquete Legislativo de Movilidad europeo introduce importantes cambios en cuatro puntos clave:
- Desplazamiento de trabajadores (salario mínimo)
- Acceso al mercado
- Tiempos de conducción y descanso
- Cabotaje
La visión del bloque del Este es que el Paquete de la Movilidad tiene un carácter proteccionista y va en perjuicio de sus transportistas nacionales
En los últimos 10 años, el crecimiento de las flotas de los países del Este en el transporte internacional europeo ha sido notable, en detrimento del de las flotas occidentales. Menos del 9% de las empresas de transporte francesas o italianas salen de sus fronteras, así como el 13% de las alemanas. Por el contrario, más del 50% de las flotas polacas, checas o rumanas se dedican al transporte internacional. Ello ha supuesto que, en la clasificación europea de transporte por carretera (medida en toneladas/kilómetro), en los diez primeros puestos se sitúan siete países del Este, como son Polonia (en primer lugar), República Checa, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Rumanía y Bulgaria.
Empresas de transporte deslocalizadas
Bajo el amparo de la libertad de establecimiento en la Unión Europea, un importante número de empresas de transporte ubicadas en los países occidentales se han deslocalizado en países del Este, aprovechando sus menores costes laborales y fiscales, para continuar operando en sus mercado tradicionales, lo que ha originado una preocupante competencial desleal con las empresas establecidas en sus países del origen.
El Paquete de la Movilidad, cuya aprobación definitiva concluirá en unos meses, trata de establecer unas reglas de mercado, lo más equitativas y leales, para eliminar los abusos que llevan a cabo empresas de transporte registradas en países del Este que no tienen ninguna vinculación o actividad real en ese país, al estar desplazadas en países europeos donde trabajan de forma constante.
Pero estas medidas son rechazadas de plano por los Gobiernos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Letonia y Lituania, quienes ya han anunciado que impugnarán el paquete completo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En especial, rechazan la medida que obligará a los camiones a regresar a su país de origen, al menos, una vez cada cuatro semanas, con el fin de que acrediten que tiene una mínima vinculación real con su país de establecimiento. A su juicio, esta medida va en contra del principio fundamental de la libre circulación de bienes y capitales en el seno de la Unión Europea. Según el eurodiputado búlgaro Peter Vitanov, miembro de la Comisión de Transportes, "no se puede obligar a nadie a ir a ningún sitio. Es contrario al libre mercado".