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En la actualidad, España cuenta con un total de 3.223 kilómetros de pago en 39 carreteras de su red viaria. De hecho, sólo 21 provincias españolas están libres de vías de peaje. Sin embargo, en estos últimos años, en varios tramos han ido expirando sus concesiones, pasando a formar parte de la red pública estatal. Como se recordará, a finales del 2018 venció la concesión de la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, que sumó 84 kilómetros de longitud quedando liberada de peaje, uniéndose a ella desde el mes de enero las autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona, con un total de 474 kilómetros, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, con un recorrido de 94 kilómetros. A ellas se unirán este próximo mes de septiembre el tramo de la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera y le AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que suman en total 470 kilómetros más libres de peaje.
En la pregunta parlamentaria, el senador republicano planteaba al ministro de Transportes la necesidad de concretar la forma de financiar la conservación y mantenimiento de ambas autopistas a partir del 1 de septiembre y que si contemplaba el pago por uso en alguna de sus fórmulas, pese a la fuerte oposición por parte de asociaciones de transportistas, por ejemplo, Asetrans en Girona, y de las organizaciones patronales y de consumidores y usuarios, por ejemplo, la Asociación Prou AP−7 Gratuïta Ja. Las asociaciones de transporte calculan que la eliminación de peajes en 2021 supondrá el ahorro de unos 1.900 euros anuales por vehículo. Si esto no fuera suficiente, la concesionaria Acesa ha pedido formalmente prorrogar la concesión de las autopistas para compensar la reducción de ingresos causada por la disminución de tráfico por la COVID−19.
Ahorro de los usuarios de las autopistas
En su respuesta, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha confirmado que una vez vencidas las concesiones en la AP-7 y AP-2, ambas autopistas quedarán libres de pago, afirmando que “en agosto de 2021 se dará paso a una nueva red viaria mucho más equitativa, más igualitaria, más justa entre usuarios y territorios” añadiendo que “a los usuarios de estos 474 kilómetros de autopistas hay que añadir los otros que hemos liberado de Alicante a Tarragona, en Burgos o en Cádiz, pero son 474 kilómetros de autopistas, más de 13 millones de vehículos al año que van a dejar de pagar por lo que consumían 500 millones de euros cada año por su uso. Esto supondrá que los usuarios, en España, dejarán de pagar 850 millones de euros en sus desplazamientos por autopistas.”
Sin embargo, el ministro deja abierta la puerta a estudiar como deben financiarse en el futuro el mantenimiento y renovación de la red viaria española, aunque sin definir posición alguna al respecto: "a partir de ahí, claro que debemos tener un debate sobre cómo lo vamos a financiar. Es evidente; siempre lo digo. No quiero aventurar más porque, si no, enseguida se me endosa una posición que quiero compartir en todo caso; no la tengo y la quiero compartir. Es una reflexión que tendremos que hacer. El Gobierno de la Generalitat tiene una posición que ya me la ha hecho llegar. Creo que hay que alcanzar más consenso".
