El argumento esgrimido por el propio Ministerio de Transportes en la resolución publicada el lunes 9 de noviembre para el sector ferroviario de mercancías es que la Administración justifica fijar una media del 26% de servicios mínimos para los trenes de mercancías —llegando a porcentajes mayores en sectores como el transporte de automoción, combustibles, siderúrgicos y residuos— bajo el pretexto de que su paralización rompería las cadenas de producción en tiempo real.

Respecto al transporte ferroviario de residuos sólidos urbanos y mercancías peligrosas, el Ministerio de Transportes considera "de considerable valor social, y ambos sin alternativa por transporte por carretera", añadiendo de forma explícita que la sustitución del tren por camiones "generaría unos niveles de retención de tráfico en las principales carreteras inasumibles en los días de huelga".

Consecuencias de la huelga general en el transporte de mercancías por carretera

En caso de que esto fuera así, se produciría una menor congestión en las vías por parte de aquellos conductores profesionales que voluntariamente deseen secundar la convocatoria de huelga, salvo que la Administración prevea que se vayan a producir bloqueos en las carreteras por parte de los sindicatos convocantes, lo que justificaría establecer alguna medida que prevea unos servicios mínimos para los servicios de transporte de mercancías por carretera.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia del transporte de viajeros, regulado de forma general por el Real Decreto 635/1984, la actividad de mercancías por carretera depende de que el Ministerio de Transportes emita una resolución específica para cada convocatoria de huelga que garantice el suministro de bienes indispensables y esenciales, tendiendo en cuenta que por camión se transporta cada día más del 90% de las mercancías que demandan empresas y ciudadanos, frente apenas el 1% que se mueve en tren, lo que, a menos de 48 horas de que se celebre la huelga general aún no ha llevado a cabo.