REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El ‘modus operandi’ de estas especies de ‘organizaciones criminales’ es sencillo: alguien que presta en España servicios como conductor es tentado para ser él mismo su propio empleador, a sabiendas, eso sí, de que no reúne todos los requisitos que exige la normativa vigente para convertirse en transportista. He ahí el problema o, más bien, el delito: la persona ‘X’ viaja a su país, declara responsablemente que ostenta la titulación académica necesaria para presentarse a las pruebas de competencia profesional, se presenta al examen, lo aprueba (o, en su defecto, le aprueban) y, nada más volver a España, convalida ese título antirreglamentario. Y ¡zas! el título queda blanqueado y, a todas luces, legalizado en España.
Todo un gol en fuera de juego que nuestro Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elude protestar y, mucho menos, comprobar en el VAR (Verificaciones Académicas de Rumanía) si ese supuesto título de competencia se ajusta a lo exigido en la normativa comunitaria. Lo de ir a ese VAR excede las competencias del ministerio, según sus propias fuentes oficiales: ‘nosotros sólo nos podemos limitar a llamar a Rumanía y comprobar si, efectivamente, esa persona está en posesión de un título de competencia profesional’.
"Lo que era un gol aislado y, aparentemente, fácil de remontar se convierta en una auténtica goleada. Y la goleada no deja de ser la punta del iceberg"
Luego está el verdadero bloque de hielo. Porque ese nuevo capacitado anima a su padre y a su madre, y a sus hermanos y a sus suegros, y a sus tíos y a sus primos a elaborar la misma jugada. Y lo que en un principio sólo era ‘X’ ya es todo el abecedario y no solo latino; también griego, cirílico, chino mandarín, japonés, el hindú, hebreo, árabe, tailandés, coreano, hebreo, tailandés, sanscrito, rúnico y copto. Y todos los miembros de la familia ostentan ya el título de competencia profesional. Y, ya en España, capitalizan la prestación por desempleo, adquieren un camión, consiguen la autorización de transporte público y, acogidos cada uno al régimen de módulos, operan juntos de la misma forma que una sociedad mercantil con las ventajas propias con las que hoy juega el empresario persona física.
Delito de falsificación documental y fraude fiscal
Es decir, que lo que comenzó con una simple declaración responsable en la que se ponía de manifiesto estar en posesión de un título de Formación Profesional o Bachillerato es ahora un fraude como una catedral y también un caso de competencia desleal para con nuestras empresas de transporte de dimensiones colosales y nefastas consecuencias.
Hablamos de delitos de falsificación documental y fraude fiscal. Pero, claro, quienes deben poner cerco a tanta irregularidad y tal injusticia se lamentan de que sus limitadas competencias no les permiten cercar y sancionar a esta mara de tramposos, pícaros, desalmados y falsos transportistas.
‘Nihil novum sub sole’. Nada nuevo bajo el sol. En vez de destruir icebergs, siempre será más fácil atacar y sancionar al violinista que sigue haciendo su trabajo con absoluta profesionalidad, pese a que el ‘Titánic’ del transporte pueda chocarse con los cada vez más numerosos bloques de hielo que nos van esparciendo por nuestras ya de por sí tortuosas y sinuosas rutas del cumplimiento de tantas exigencias administrativas.
Y siempre llegamos a la misma y maldita conclusión: no todos somos iguales para la Administración. Al nocivo y dañino siempre se lo ponen más fácil. Y eso es lo malo. Que el malo cada vez es más malo y mucho más impune. ¡Qué país! ¡Qué desastre!
