El sector del transporte no termina de ver dónde hay algún aspecto positivo a lo largo de los cuatro años de trabajo por parte de la DGT, ya que sólo recibe críticas y más críticas de manera global. Así, la actual DGT va a terminar esta legislatura con varios temas con diferente interpretación y confrontación de pareceres sobre la mesa. Además, en muchos casos, lo que para esta Dirección es todo éxito y aplausos para su gestión, para los expertos no es otra cosa que controversia, confusión y discusión.
Los megacamiones, para comenzar
De entrada, la acelerada y controvertida forma de aprobar la circulación de los megacamiones por las vías españolas. Lo que antaño para la DGT (en este caso sí que era "otro gobierno" en la Administración del Estado), era un problema de seguridad en la circulación, en la conservación y en el mantenimiento de las vías (por cierto, acusadas de un gran abandono), ahora toma la bandera como principal defensora de la productividad y competitividad de nuestra economía nacional.
Eso sí, haciendo oídos sordos a las recomendaciones promovidas por el Comité Nacional de Transporte, mediante una norma ya discutida incluso por su rango legal, con diferencias con el transporte especial (velocidad máxima, necesidad de coche piloto, señalización de los vehículos, etc.) y con unas pruebas de circulación y evaluación de las que desconocemos los resultados. Una DGT que ha pasado de prudente y cautelosa en la adopción de medidas, a una situación de "provisionalidad" rápida y diligente en la aprobación de una norma de semejante calado.
Los permisos, la siniestralidad y el carné por puntos
Pero es en uno de los temas clave de su responsabilidad donde más críticas recibe en cuanto a su gestión. El proceso de obtención del permiso de conducir está más que nunca en cuestión y en el "ojo del huracán".
Esta DGT no ha sabido, o no ha podido, orientar un sistema que, a pesar de tener todos los medios y herramientas para hacerlo mejor, sólo tiene el rechazo y las críticas de su sector más cercano (las autoescuelas). Incluso a veces con especial virulencia de los medios de comunicación, en temas no baladíes: personas (principalmente orientales) que obtienen el carné sin hablar español, "familias" que ofrecen el permiso a precios de ruina empresarial denominado "autoescuelas milagro", centros que señalan a funcionarios en el proceso de filtración de exámenes, actividades que en el seno del sector se conoce como "turismo de autoescuela", y así coinciden todos, con unas diferencias enormes en el sistema y el examen de obtención, llegando a realizarse exámenes prácticos (con el mismo nivel de exigencia en el control), en localidades en las que no existe ni un sólo semáforo en el recorrido de evaluación.
Con este sistema de capacitación, y principalmente de evaluación, promovido desde la DGT, también las cifras de la siniestralidad después de más de tres lustros de datos muy positivos, se le han atascado en esta legislatura. Los últimos cuatro años de la actual DGT se han caracterizado por un frenazo drástico en la reducción de números de fallecidos en accidentes de tráfico.
En el año 2015 murieron 1.688 personas en la carretera, las mismas que en 2014 y ocho más que en el 2013, siendo la primera vez en la última década que se produce un aumento de fallecidos respecto a un año anterior. Las asociaciones de víctimas lo achacan a una parálisis de la política de seguridad vial impulsada desde Tráfico.
Se cumplen, por otra parte, diez años de la entrada en vigor del carné por puntos y los expertos cuestionan sus resultados y expectativas. No discutimos sus aspectos positivos, pero esta medida debería haber sido acompañada de campañas informativas y formativas, especialmente en la educación vial, buscando su efectividad a largo plazo. Suspende, además, en las valoraciones en el ámbito profesional, en las escuelas de formación y muy especialmente en las asociaciones de defensa de los conductores, quienes aseguran que jamás una política de seguridad vial basada en la represión logrará, por sí misma y a medio plazo, una reducción de los muertos en carretera.
Todo ello, sin entrar en el sistema de concesión de autorización para ser centro de "recuperación de puntos"; esto mejor dejarlo para que opine su propio sector (autoescuelas). Como ellos dicen, esto "es un secreto a voces", que mueve un negocio de 20 millones de euros al año para 250 autoescuelas (el 30% de las que hay en nuestro país). Que les pregunten a ellos.
Pero es precisamente en este ámbito de la formación donde más se pueden cuestionar las actuaciones de la DGT, y con mayor énfasis si cabe en el terreno de formación profesional del sector del transporte español.
Temas, entre otros, como las edades de acceso al permiso de conducir y su implicación e influencia en el desarrollo del Título de Grado Medio para conductores de vehículos de transporte, el papel de la asociaciones profesionales en el capítulo de los cursos de sensibilización y recuperación de puntos; el acceso a los datos de los empleados y su disposición de los puntos y el sistema de evaluación de los conductores en las pruebas de renovación de la autorización ADR que, dada su particularidad, los enfrentaremos en una próxima ocasión. ¿Quizás con otra Administración?
María Seguí directora General de Tráfico