Ya llevo avisando de ello, pero a riesgo de parecer pesado, quiero insistir en algunas cuestiones especialmente preocupantes para el sector del transporte, que parece aletargado ante los avisos de este Gobierno que nos ha caído en suerte –mala, creo yo-.
Casi todo viene de la mano de la denominada" transición ecológica", ya que cualquier acción que se ampare en esta especie de karma pretenderá hacernos creer que está justificada.
Los mayores impuestos al diésel, por ejemplo, se escudan en ello, porque no existe base científica para defender que el diésel es más nocivo que la gasolina o el gas, si hablamos de motores de última generación.
Vean ustedes si, o bien este Gobierno no se entera, o lo hace a conciencia. Mientras en Japón, que durante décadas condenó el diésel, cuando estos motores emitían grandes cantidades de CO2 y partículas NOX, hasta prácticamente eliminar estos vehículos del parque, ahora vienen incentivando la adquisición de vehículos diésel actuales a los que considera ecológicos, con ayudas para su adquisición y reducción de determinadas tasas y del impuesto de circulación. Las autoridades niponas quieren que, en 2030, entre el 5% y el 10% del parque móvil de los particulares sea diésel, constituyendo, según ellas, una oportunidad de poder contribuir a reducir las emisiones de CO₂ (gas de efecto invernadero) al mismo tiempo que se reducen todavía más las emisiones de partículas NOx.
Pero no hace falta irse a Japón. En España, desde la nefasta condena del diésel por parte de la ministra de Transición Ecológica, que provocó el aumento de matriculaciones de los vehículos de gasolina, han aumentado las emisiones de CO2.
Bajo el amparo de la ecología, se defiende también el aumento de pesos y dimensiones de los vehículos, o la implantación de la euroviñeta, sin que dichas propuestas estén respaldadas por estudios serios e independientes que consideren otros elementos tan importantes como la seguridad, o que no sólo contamina el camión, y que no sirvan a intereses económicos de los cargadores y las grandes constructoras, a cuyos lobbies se les vio en primera fila en la toma de posesión del ministro Ábalos, a la que por cierto, el sector del transporte no fue invitado, a pesar del cambio de nombre del ministerio, ahora de Transportes.
En otro orden de cosas, la subida del salario mínimo interprofesional tampoco hará un gran favor a nuestra economía. El sector agrario, al que el instruido secretario general de UGT ha calificado de ”derecha terrateniente carca”, se ha manifestado en contra, así como algún político rebelde. Y no les falta razón. El campo, al igual que el transporte, ya no es quien marca sus precios. Son las grandes cadenas de distribución que dominan el mercado las que imponen sus condiciones y sus márgenes y ni agricultores ni transportistas pueden repercutir ese incremento de costes. Pero además, en la agricultura tenemos países al otro lado del estrecho con costes salariales 14 veces más bajos con los que tenemos que competir.
Me preguntaban el otro día por las consecuencias del Brexit en el sector del transporte. Como no soy adivino, hasta que no veamos en qué condiciones quedan las negociaciones del nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido no puedo vaticinar sus consecuencias. Pero sí me preocupa que el Reino Unido pueda firmar un tratado con Marruecos que hunda nuestras exportaciones agrícolas con este país y, con ello, el transporte frigorífico que genera.
Lo que decía, lo que se nos avecina no pinta bien, nada bien.