REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al transporte de mercancías por carretera se rigen por la misma norma que las empresas del ramo, según el Reglamento de la LOTT. Así, si la titularidad de las autorizaciones corresponde a la cooperativa es ésta la que actúa como empresa transportista y la que debe asumir los derechos y obligaciones derivados de tal condición, entre ellos, el de facturar directamente a los clientes finales repercutiendo el correspondiente IVA y tributando sus beneficios en el impuesto de sociedades (STS 5-2-2008).
“Numerosos socios de estas cooperativas de trabajo asociado han pretendido vulnerar el control administrativo”
Por otro lado, el socio de la cooperativa de trabajo asociado, por definición, tiene una condición similar en cierto sentido a la del trabajador por cuenta ajena, ya que no asume personalmente los riesgos de la actividad empresarial y cobra los denominados ‘anticipos societarios’ que, salvando las distancias, no dejan de ser algo similar al salario de un trabajador por cuenta ajena, además de, en su caso, el ‘retorno cooperativo’ por el que participa de los beneficios que obtiene la cooperativa derivados de su actividad empresarial.
Numerosos socios de estas cooperativas se han saltado a la torera las normas que rigen la actividad del transporte, al facturar sus servicios en nombre propio sin cumplir los requisitos de capacitación profesional y capacidad económica, infringiendo además la normativa fiscal que regula el IRPF y el IVA.
La CETM ha recibido, a través de sus organizaciones territoriales, la continua queja de numerosas pequeñas y medianas empresas por este problema de competencia desleal, agravado sin duda por la crisis económica, que ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda del transporte y una gran caída de los precios.
Se trata de un problema que ha surgido hace más de diez años y que ningún ministerio ni ningún gobierno regional se ha molestado en atajar. Por ello, la CETM ha solicitado a la Administración Tributaria y al Ministerio de Trabajo que regularicen esta situación y pongan fin a esta práctica ilegal, que tanto perjudica al sector.