En el caso de Madrid, se está llevando a cabo una regulación dispersa, compleja y enrevesada, sin el más mínimo estudio y análisis de impacto económico. El área de acceso restringido (AAR) de Madrid Central es un buen ejemplo, este Plan está encaminado a convertir la zona más emblemática de Madrid en una urbanización privada y elitista, con un bochornoso tufo electoralista, disuadiendo a los madrileños de acudir a ella por la gran inseguridad y confusión jurídica existente habida cuenta del innumerable elenco de excepciones, condiciones, requisitos, plazos y especialidades, lo que la convierten en una eficaz herramienta recaudatoria, además de poner en peligro cerca de 300.000 puestos de trabajo directo que se generan en la zona de los sectores del ocio, el comercio, la hostelería y el transporte, principalmente. Mientras tanto, los transportistas a la hora de renovar sus flotas de distribución urbana de mercancías, ya no saben a qué oráculo encomendarse.
El cambio de hábitos de consumo de la sociedad ha llevado a un fuerte auge del comercio electrónico, por lo que los camiones y las furgonetas que circulan por nuestras ciudades evitan innumerables desplazamientos particulares, lo cuales, la gran mayoría de ellos se produce en turismos, precisamente donde radica el principal foco de contaminación, por ello el camión es un gran aliado del medioambiente, y no su principal enemigo como se percibe desde las diferentes administraciones.
La promoción del transporte público, no debe limitarse sólo al ámbito del viajero, sino también a las mercancías, desde el servicio público de mercancías, frente al privado, se optimizan los recorridos y las cargas, se reducen los kilómetros en vacío y se dispone de una flota más moderna y con menos emisiones contaminantes, por lo que hay que fomentar el desarrollo del transporte público de mercancías a la hora de establecer restricciones, prohibiciones o habilitaciones.
En estos días desde CETM-Madrid, junto con otras organizaciones, hemos impulsado la creación de la Plataforma de Afectados por Madrid Central, a la que ya están adheridas 68 entidades de diferentes colectivos a fin de forzar el diálogo con el Ayuntamiento de Madrid y el replanteamiento del calendario de implantación del Plan Madrid Central. El diálogo ha sido hasta entonces con los sectores afectados, incluido el transporte, desde el consistorio municipal ha sido meramente protocolario, vacío de contenido, sin ánimo de consenso, viviendo las medidas ya impuestas. Al sector del transporte, si nadie lo remedia, le va a suponer renovar el 90% de su flota en seis años, lo que le generará un coste de más de 1.300 millones de euros. Resulta incomprensible que sólo 2 de las 23 asociaciones (10 del departamento de mercancías) del Comité Madrileño del Transporte por Carretera nos hayamos adherido a esta Plataforma de Afectados, lo cual deja en evidencia una vez más la falta de unidad de nuestro sector.
Revista Transporte Profesional