
Responsable de la representación institucional del sindicato y del área internacional, le permiten tener una visión global de los problemas laborales del transporte por carretera tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Unión Europea (es vicepresidente de ETF, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte desde el año 1996). Con el tratamos uno de los asuntos que más está dando que hablar últimamente en el sector: el dumping social.
El desfase que ha habido entre la evolución de la creación de un mercado único del transporte en Europa y la armonización de las condiciones sociales y laborales entre los diferentes países de la UE ha favorecido el desarrollo del dumping social. ¿Hasta qué punto es grave este problema?
Es muy grave porque altera su propia estabilidad y es una bomba de relojería, ya que el transporte por carretera es un sector calificado como "frágil". Algunos se lucran "reventando mercado" y pretenden que desaparezcan las normas laborales y de seguridad existentes, o directamente las eluden. Se puede seguir avanzando en construir Europa sin que sea a costa del dumping social y además combatiendo el fraude. Consideramos que nuestro sector es importante, por lo que no debe estar siempre en la línea de la superviviencia, sino que ha de ser cohesionado y con empleo de calidad. Los que no defienden esto, deben estar fuera.
Si se aplicara correctamente, ¿la normativa europea vigente es suficiente para frenar el dumping social pero no se aplica o es necesario introducir nuevas medidas?
Existe normativa, como la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores y el Convenio Roma I, pero, o se aplica poco y mal, o no se aplica. En España, ni se conoce. Creemos que es necesario más voluntad política para hacerla respetar, y desde luego desarrollar mecanismos para aplicarla. Con normativa sólo no basta, puede estar metida en un cajón. Por ejemplo, en España, ¿cuándo hemos oído hablar a las autoridades de transporte del dumping social, cuando resulta ser la principal preocupación en Europa? ¿Acaso Fomento dispone de un plan en nuestro sector para combatirlo? Al contrario, critican a los países que sí lo tienen, y que resultan ser los países que mueven Europa. No parecen asumir su responsabilidad en la persecución del fraude y miran a otro lado.
¿Qué valoración hacen de las medidas propuestas por Bélgica, Francia y Alemania (descanso semanal y salario mínimo) para frenar el dumping social?
Por supuesto que las apoyamos. Y creemos que ése es el camino y se sumarán más países. Hay que cortar de raíz las prácticas fraudulentas, disfrazadas de mercado único y de fomento de la competencia, basadas en un nuevo esclavismo laboral. Algunos se fijan sólo en algunas medidas, pero son parte de un paquete y dentro de una decidida voluntad de poner freno al dumping social. Preferimos alinearnos con estos países antes que con los defensores del dumping social. Es una reacción lógica y positiva, y con vista al futuro habrá que reordenar todas estas nuevas medidas. Esperemos que en España se reaccione, o al menos se acaben enterando de dónde se quiere situar y cuál es la preocupación por el dumping en Europa.
Los sindicatos europeos del transporte y la IRU están trabajando para elaborar un código social que iguale las reglas de juego en la cadena de suministro a nivel europeo. ¿Cómo están avanzando estos trabajos?
Ésta es una idea que se defiende también en otros sectores como el marítimo. Viene incluso contenida en el Libro Blanco de Transportes. Nuestras conversaciones están en una etapa inicial, pero vamos encontrando coincidencias y puntos en común. Hasta llegar a una declaración conjunta falta todavía, pero estamos en ello.
Se ha planteado la creación de una Agencia Europea del Transporte. ¿Qué papel podría tener esta Agencia frente a los problemas sociales del sector?
Sí y creemos que es una buena noticia. La Comisión Europea necesita desarrollar instrumentos para aplicar políticas europeas de transporte, no sólo funcionar intentando ver "qué liberalizo ahora". Tiene que evaluar sus políticas, tiene que cohesionar Europa, tiene que vigilar cómo se aplican las normas, tiene que ayudar a conseguir objetivos... En fin, puede ser algo muy útil, que nos acerque a los agentes sociales a las instituciones y viceversa. Vistas sus posibles funciones, parece interesante, y hay mucho trabajo que hacer. Ya veremos. Desde luego es positivo para el sector y habrá que tener planteamientos muy serios, datos más precisos, y suponemos que los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos, tendremos mucho que aportar.
En España, se tiene que renovar el Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera. ¿Qué puntos consideran en CC.OO. que son necesarios modificar?
De momento no se ha denunciado por ninguna de las partes, y el mismo acuerdo establece que se prorrogará un año.
Desde algunas asociaciones de empresas de transporte se lleva un tiempo pidiendo que se cambie el sistema de convenios provinciales por uno nacional, ya que las diferencias salariales entre provincias propician, a su entender, un dumping social interno a nivel nacional. ¿Qué posición tienen al respecto?
Los asuntos comunes están recogidos en el Acuerdo Marco y es un camino para armonizar. En los convenios provinciales están sobre todo las cuestiones salariales. Qué nadie se sorprenda de esa fragmentación, que bien se han aprovechado de ella las empresas. Y cada convenio tiene su historia negocial y hay diferencias salariales que llegan al 100%. Estamos de acuerdo con unificar, pero lo que nos proponen como método y como objetivo, no; dicho de forma sencilla: no hay que bajar los convenios altos, sino subir los bajos. Aunque no es tan sencillo y automático, e internamente ya lo estamos discutiendo. Desde luego, en CC.OO. no estamos cerrados a hablar y buscar acuerdos.
Revista Transporte Profesional