REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Dentro de unos días, el 11 de septiembre, el gobierno portugués prohibirá de forma taxativa mediante un Decreto-Ley que los conductores intervengan en la carga y descarga de los vehículos.
Por el contrario, serán el expedidor o el destinatario de la mercancía los únicos responsables de realizar estas tareas, empleando los métodos que estimen convenientes, pero jamás con el concurso de los conductores. En el supuesto de que el cargador haya acordado bajo contrato con el transportista la realización de la carga y descarga, este último tendrá que emplear a trabajadores especializados en estas labores, no a sus conductores.
Cabe resaltar que esta normativa se aplicará a todas las operaciones efectuadas en territorio luso por cualquier empresa y conductor de cualquier país.
Claro está que persistirán las excepciones habituales, como el transporte puerta a puerta, el de portavehículos o el de mudanzas y, el de combustibles y otras mercancías peligrosas.
Para evitar “trampas”, el Ejecutivo luso ha prevenido duras indemnizaciones y compensaciones por incumplimientos. Entre otros, nos ha llamado la atención la imposición de tiempos máximos de espera para realizar la carga y descarga (dos horas en principio), además de establecer entre la partes la programación de estas labores con antelación suficiente.
Con esta decisión de nuestro país vecino, los cargadores españoles y el hasta ahora su principal valedor en esta materia, el Ministerio de Transportes, se han quedado sin argumentos (en realidad nunca los tuvieron) para seguir insistiendo en que la carga y descarga sea realizada por los transportistas. Se calcula que un 70% de nuestros conductores participa directamente en estos trabajos, un hecho indignante aplicado merced a las presiones de los cargadores y su posición de dominio y que conculca la seguridad de los profesionales causando no pocos riesgos y accidentes laborales. Tampoco es una cuestión baladí los fuertes costes en los que incurren los transportistas asumiendo la carga y descarga y que fueron calculados (suena a desfachatez) por la principal asociación de cargadores en más de 2.000 millones de euros anuales; un coste que, evidentemente, se ahorran. Así pues, señores, aplíquense el cuento; todo un ejemplo de sensatez y buenas prácticas.
Como se recordará, la mesa de negociación sobre este tema entre cargadores, Administración y transportistas se rompió, ante la cerrazón de los primeros. Esa mesa era una de las “patas” del compromiso del Ministerio de Transportes (firmado por Saura en nombre del exministro Ábalos) con el sector acerca de la Euroviñeta, pesos y dimensiones y otras medidas, nunca cumplido.
Se presenta ahora una nueva oportunidad para deshacer agravios y reconciliarse con un sector absolutamente estratégico para nuestra economía como es el transporte de mercancías por carretera. Me refiero al nombramiento de Raquel Sánchez Jiménez como nueva titular del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de José Luis Ábalos.
Nuestro sector acarrea múltiples problemas desde hace años y hora es ya de que alguien con afán, pasión y voluntad política, se atreva a concluir y mejorar lo que su antecesor dejó pendiente. Sánchez es abogada de profesión, miembro del PSC y hasta su nombramiento, alcaldesa del municipio barcelonés de Gavà, localidad donde nació en 1975.
De su discurso de toma de posesión, se deduce su apuesta por la Vivienda y la importancia del desarrollo de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, así como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algo que parece estar de moda en todo el Gobierno. La ecología es parte de su “ADN”, con una estrategia para conseguir una España con emisiones menos contaminantes, pero también busca impulsar la construcción y un transporte y logística más digitales y eficientes; todo ello con los fondos europeos como tabla de salvación.
Deseamos a la nueva ministra mucha suerte en su difícil cometido, para el que podría encontrar en nuestro sector un excelente aliado. Comenzar lo antes posible con la prohibición, como ha hecho Portugal, de la carga y descarga por parte de los conductores sería una decisión de justicia. Y también no modificar el Reglamento de la LOTT, aprobado en principio con el voto favorable de los cargadores en el Consejo Nacional de Transportes, sin antes no escuchar las razones del Comité Nacional de Transporte por Carretera, para que no se produzca una debacle en el acceso al mercado.
Y a nuestros lectores les deseamos un feliz regreso después de un descanso más que merecido.
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